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Senado de Florida aprueba ley que afectará a trabajadores indocumentados

El Senado de Florida aprobó el lunes la normativa SB 664, un proyecto que busca obligar a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados. La propuesta, de acuerdo con reportes de medios locales, recibió 22 votos a favor y 18 en contra.

La medida, una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis —seguidor de las políticas migratorias de Donald Trump—, podría desencadenar la pérdida de más de 250 mil puestos laborales, sobre todo, en los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción.

Se especula que esto, a su vez, desencadenaría un déficit de hasta 10.660 millones de dólares en ganancias y 1.250 millones en ingresos fiscales estatales y locales. También asestaría un fuerte golpe a los cubanos que esperan el plazo de un año y un día para acogerse a la Ley de Ajuste (CAA, por sus siglas en inglés).

No obstante, el proyecto aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes estatal. Aunque, por el momento, es muy probable que los funcionarios aprueben la normativa, despejando el camino para que se convierta en ley.

SB 664

El objetivo de SB 664 es hacer valer el programa federal migratorio E-Verify entre empresas vinculadas al Gobierno estatal, pero también las privadas.

Según un informe, divulgado por el grupo proinmigrante FWD.us y titulado “Evaluación del impacto de la adopción obligatoria de verificación electrónica para Florida”, los “trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida”. El documento también precisa que de los 700 mil extranjeros sin papeles que residen en el estado, unos 440 mil están laborando o buscando vacantes disponibles.

“Estos trabajadores aportan hasta 36.500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida”, manifestó la entidad.

Analistas también han destacado que, si se contabiliza los efectos de la presencia en el mercado laboral, es posible ver cómo los indocumentados hacen parte de los 868.444 empleos totales en Florida y los 3.900 millones anuales en ingresos fiscales locales y estatales.

¿Cómo afectará la medida a la economía?

Todo parece indicar que, la pérdida de puestos sería de 253.500 si los empleadores se ven obligados a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Las empresas de alojamiento y servicio de alimentos —por ejemplo— serán afectadas con la pérdida de más de 79 mil puestos, seguidos de construcción (54 mil) y agricultura, comercio minorista y atención médica (10 mil).

La adopción de E-Verify “transfiere parte de la carga del costo y la responsabilidad de la aplicación de la ley de inmigración a las empresas de Florida”, precisa.

Mientras tanto, otros grupos proinmigrantes —como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés)— han señalado que E-Verify es un abuso del Gobierno, “poco confiable y oneroso en la vida cotidiana de trabajadores y empleadores por igual”.

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