La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, abrió este jueves el camino para que la administración de Donald Trump reactive una política que permite limitar o impedir temporalmente el ingreso de solicitantes de asilo por la frontera con México.
En una decisión de seis votos contra tres, los magistrados anularon una orden judicial que bloqueaba esa práctica, al considerar que las personas rechazadas antes de entrar físicamente al país todavía no han “llegado” a territorio estadounidense.
El fallo entrega a la Casa Blanca una herramienta para controlar cuántos migrantes pueden presentarse cada día en los puertos de entrada. La política, conocida como “metering” o dosificación, no se encuentra vigente en la actualidad.
Sin embargo, la resolución permite que la administración Trump evalúe su restablecimiento ante aumentos en el número de personas que buscan protección internacional.
La legislación federal establece que quienes llegan a Estados Unidos tienen derecho a solicitar asilo y a demostrar que enfrentan persecución en sus países. Por lo general, no pueden ser expulsados hasta que las autoridades procesen su petición y determinen si existe un temor creíble de regresar a su nación de origen.
El juez Samuel Alito, autor de la opinión de la mayoría conservadora, sostuvo que los migrantes detenidos o rechazados antes de cruzar la frontera no han “llegado” legalmente a Estados Unidos.
Por esa razón, afirmó, las protecciones previstas para los solicitantes de asilo todavía no se han activado y los agentes migratorios no están obligados a aceptar sus solicitudes en ese momento.
La magistrada Sonia Sotomayor rechazó esa interpretación en nombre de los tres jueces liberales. Argumentó que los agentes de la Patrulla Fronteriza entrevistan a las personas que se presentan en los puntos legales de entrada.
Ese contacto, según su criterio, constituye el primer paso del proceso de llegada al país y debería activar el derecho a solicitar protección.
La dosificación comenzó durante la administración de Barack Obama, cuando numerosos ciudadanos haitianos se presentaron en el principal cruce entre Tijuana y San Diego. Durante el primer mandato de Trump, el programa se amplió a todos los puntos fronterizos con México, donde las autoridades establecieron listas y cupos diarios para recibir solicitudes.
Defensores de los migrantes denunciaron que la medida provocó una crisis humanitaria. Miles de personas quedaron durante meses en territorio mexicano, alojadas en campamentos improvisados y zonas consideradas inseguras.
Las filas llegaron a acumular miles de nombres, aunque el Gobierno sostenía que quienes eran rechazados podían regresar en otra fecha para intentar presentar sus casos.
La práctica terminó en 2020, cuando Estados Unidos introdujo restricciones migratorias más severas durante la pandemia de coronavirus.
El presidente Joe Biden la eliminó formalmente en 2021. Ese mismo año, un juez federal de California determinó que la dosificación violaba los derechos de los solicitantes y la obligación legal de entrevistarlos.
La administración Trump defendió ante la Corte Suprema que esta herramienta resulta necesaria para responder a incrementos repentinos de migrantes y evitar la saturación de los puertos de entrada. Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que los presidentes de ambos partidos la han utilizado y que el Poder Ejecutivo debe conservarla para controlar la frontera.
Para obtener asilo, una persona debe demostrar que teme ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.
Quienes reciben esa protección pueden trabajar legalmente, solicitar la residencia permanente, reunirse con familiares inmediatos y aspirar a la ciudadanía. La sentencia podría dificultar el acceso inicial a ese proceso para migrantes, incluidos cubanos, que se presenten en la frontera entre Estados Unidos y México.
