Más burocracia en medio de la miseria esa es la receta que amplia el régimen castrista con la formalización del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE), un organismo subordinado al Consejo de Ministros que concentrará amplias facultades sobre las empresas públicas.
La entidad fue establecida mediante el Decreto 144/2026, publicado el lunes 29 de junio en la Gaceta Oficial, con el argumento de eliminar obstáculos y transformar el ineficiente sistema empresarial estatal.
La norma no identifica quién dirigirá el instituto. Solo precisa que contará con un presidente, un vicepresidente y el personal necesario para su funcionamiento. La ausencia de nombres deja pendiente una decisión clave, debido al poder que tendrá la nueva estructura para intervenir en la administración, las finanzas y la organización de gran parte de la economía cubana.
El INAEE podrá asesorar al Estado y al Gobierno, diseñar políticas, emitir regulaciones y controlar su aplicación en las empresas públicas. También tendrá la facultad de definir metas de rendimiento, promover reestructuraciones y recomendar cambios en los sistemas de gestión, funciones que colocan bajo su supervisión directa las decisiones estratégicas del sector estatal.
El instituto podrá crear empresas, autorizar cambios organizativos, aprobar sus objetos sociales y avalar inversiones consideradas estratégicas. Además, propondrá el destino de las utilidades después de impuestos. Estas atribuciones convierten al organismo en un centro de poder económico con capacidad para determinar cómo operan y emplean sus recursos las compañías estatales.
La institución también tendrá autoridad para nombrar y sustituir a directores generales y presidentes de grupos, uniones y corporaciones. Podrá fijar los salarios de esos funcionarios, proponer subsidios para empresas con pérdidas y promover asociaciones entre entidades públicas y actores privados, lo que refuerza el control político y administrativo sobre los principales cargos empresariales.
El Consejo de Ministros asegura que el INAEE no deberá actuar en contra de la autonomía empresarial. Sin embargo, el decreto le concede competencias sobre directivos, remuneraciones, inversiones, utilidades, subsidios y estructuras internas. Esa contradicción pone en duda el margen real de independencia que conservarán las empresas sometidas a su autoridad.
El organismo también podrá proponer la apertura de empresas, filiales y sucursales en el exterior. Entre sus funciones estará avalar o aprobar asociaciones con capital extranjero y ejercer la auditoría interna. Por tanto, tendrá influencia tanto en las operaciones nacionales como en negocios internacionales vinculados con activos estatales.
Aunque el Gobierno describe su estructura como reducida y flexible, el INAEE añadirá otra institución al aparato administrativo cubano. Su creación se presenta como una vía para eliminar trabas, pero establece nuevos niveles de supervisión, autorización y control sobre empresas que ya responden a ministerios, consejos de dirección y otras dependencias estatales.
El instituto surge después de que el régimen redujera de 27 a 20 el número de ministerios. La concentración de funciones fue anunciada como una reorganización burocrática, pero la creación del INAEE demuestra que La Habana continúa estableciendo nuevas estructuras para administrar un modelo que no ha conseguido resolver la caída de la producción ni las pérdidas de las empresas públicas.
La medida forma parte del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026 y coincide con las reformas anunciadas a mediados de junio. Pese a la expansión de negocios privados y a la apertura parcial al capital extranjero, la cúpula gobernante insiste en preservar la empresa estatal socialista como centro de la economía, bajo un sistema cada vez más supervisado desde el poder político.
