La Corte Suprema de Estados Unidos abrió esta semana un nuevo periodo de sesiones con dos disputas migratorias de especial interés para la comunidad cubana.
Los magistrados deberán pronunciarse sobre las deportaciones hacia terceros países y sobre la posibilidad de mantener a determinados inmigrantes detenidos sin una audiencia para solicitar fianza.
Ambos asuntos están vinculados con políticas migratorias aplicadas por la administración de Donald Trump y podrían definir hasta dónde llegan las facultades del Gobierno en materia de expulsiones y detenciones.
Deportaciones a terceros países llegan a la Corte Suprema
Washington ha utilizado acuerdos con gobiernos extranjeros para trasladar a personas que no pueden ser expulsadas de inmediato hacia sus países de origen. La discusión judicial busca determinar, entre otros puntos, si los afectados deben tener una oportunidad efectiva para objetar el traslado antes de que se ejecute.
Mientras la Corte Suprema analiza el litigio, estas deportaciones pueden continuar.
La política ya ha alcanzado a ciudadanos cubanos. Omar Rodríguez, Arístides Fernández García, Yasmani Noel Moreno de Armas y Daniel Lázaro Fuente fueron enviados recientemente a Bangui, capital de República Centroafricana.
Los migrantes denunciaron que permanecen en el hotel Maison Confort sin documentación clara sobre su condición migratoria y con restricciones para desplazarse libremente.
Fernández y Moreno relataron a El País que fueron trasladados bajo custodia durante un viaje de aproximadamente 22 horas, con escalas en Senegal y Nigeria. Según Moreno, inicialmente pensó que sería enviado a Cuba y solo descubrió el destino africano cuando el vuelo ya estaba en marcha.
Detención sin fianza también estará bajo revisión
El segundo asunto que llegará ante los magistrados se centra en la detención obligatoria de ciertos inmigrantes que permanecen en Estados Unidos sin estatus legal.
Durante años, muchas personas detenidas dentro del país pudieron solicitar ante un juez migratorio su liberación bajo fianza mientras avanzaban sus procesos. Sin embargo, una interpretación adoptada por las autoridades en julio de 2025 amplió los casos sujetos a detención obligatoria.
La medida desencadenó múltiples demandas y decisiones de tribunales inferiores que cuestionaron su aplicación.
Entre los cubanos afectados se encuentra Justo Betancourt, quien llevaba más de 36 años viviendo en Estados Unidos cuando agentes de ICE lo detuvieron el 29 de octubre de 2025 durante una cita migratoria en Miramar, Florida.
Betancourt había cumplido previamente una condena relacionada con conspiración para distribuir metanfetamina y un delito con armas. Meses después de su arresto migratorio, el juez federal Kyle Dudek concedió un recurso de habeas corpus al concluir que la detención había sido aplicada incorrectamente.
Caso de cubano detenido generó polémica en Miami
La familia de Betancourt también denunció problemas relacionados con su atención médica durante el tiempo bajo custodia. Su hija, Arianne, afirmó que su padre padece varias enfermedades y cuestionó las condiciones de su detención.
El enfrentamiento ocurrió después de que la congresista republicana expresara públicamente reparos sobre determinadas acciones de control migratorio. El 17 de septiembre dijo frente a la Casa Blanca que algunas medidas habían “ido demasiado lejos”, una valoración que posteriormente fue rechazada por Trump.
Las decisiones que adopte la Corte Suprema durante este periodo, que se extenderá durante unos nueve meses, podrían establecer nuevos límites sobre la capacidad del Gobierno para mantener detenidos a inmigrantes y enviarlos a terceros países.
