Una ciudadana cubana perdió su solicitud de asilo en Estados Unidos después de incumplir el plazo fijado para pagar una tarifa anual obligatoria, pero consiguió mantener abiertas otras dos vías de protección frente a una posible deportación.
La Junta de Apelaciones de Inmigración emitió el 24 de julio de 2026 una resolución que establece cómo deben actuar los jueces cuando un solicitante no cumple esta obligación económica, introducida mediante una legislación federal aprobada en 2025.
El Departamento de Justicia publicó la decisión Matter of L-F-R-, identificada como 29 I&N Dec. 787, que distingue entre la solicitud de asilo y otras protecciones incluidas en el mismo formulario migratorio. El precedente establece que incumplir el pago puede provocar el cierre del asilo, pero no justifica rechazar automáticamente una solicitud de suspensión de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura.
Asere Noticias había explicado anteriormente la implementación de las nuevas tarifas obligatorias para solicitantes de asilo en Estados Unidos, una obligación que puede tener consecuencias graves cuando se incumplen los plazos establecidos.
Cubana perdió su solicitud de asilo por incumplir un plazo judicial
El expediente indica que la mujer, identificada únicamente mediante las iniciales L-F-R-, presentó su formulario I-589 el 13 de enero de 2025 ante un tribunal de inmigración. Posteriormente, el 12 de febrero de 2026, un juez le ordenó pagar la tarifa anual antes del 16 de marzo. La solicitante no efectuó el desembolso dentro del período concedido.
El 25 de marzo, el magistrado consideró abandonadas las peticiones incluidas en el expediente. La afectada apeló esa decisión ante la BIA, cuyos integrantes determinaron que había recibido tiempo suficiente para cumplir la orden. En consecuencia, confirmaron que el incumplimiento permitía impedir que su solicitud de asilo continuara siendo examinada.
Tribunal mantiene abiertas dos protecciones contra la deportación
La controversia surgió porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendía que la falta de pago justificaba cerrar las tres solicitudes incluidas en el formulario I-589. Sin embargo, la Junta rechazó esa interpretación al examinar el alcance de la legislación federal que estableció las nuevas tarifas.
Los jueces concluyeron que la obligación anual corresponde específicamente al asilo y no se extiende a la suspensión legal de deportación, conocida como withholding of removal, ni a la protección contemplada por la Convención contra la Tortura (CAT). Por tanto, ambas peticiones deben evaluarse separadamente cuando hayan sido presentadas correctamente.
La BIA aceptó parcialmente la apelación y devolvió el expediente al tribunal migratorio para continuar el análisis de esas dos protecciones. No obstante, dejó claro que esa decisión no anticipa si la cubana cumple los requisitos para obtenerlas. La resolución tampoco restableció su solicitud de asilo ni le concedió autorización permanente para permanecer en Estados Unidos.
Qué deben saber los cubanos con solicitudes de asilo pendientes
Asere Noticias también informó recientemente sobre los aumentos de las tarifas migratorias que entrarán en vigor el 16 de octubre de 2026, incluidos los ajustes correspondientes al pago anual de asilo y otros trámites ante USCIS.
El precedente también aclara que la tarifa anual no puede ser dispensada por el tribunal. Los solicitantes deben consultar sus notificaciones oficiales, comprobar el importe vigente y conservar los justificantes de pago. Quienes tengan expedientes ante una corte migratoria deben prestar especial atención a las órdenes del juez, pues incumplirlas puede tener consecuencias independientes de los argumentos humanitarios que fundamentan su petición.
Para los inmigrantes cubanos con procesos abiertos, la principal advertencia es que una obligación administrativa puede determinar el futuro de una solicitud de asilo. Aunque otras protecciones contra la expulsión puedan seguir disponibles, estas tienen requisitos y consecuencias legales diferentes. Ante dudas sobre pagos, plazos o procedimientos, resulta aconsejable consultar a un abogado de inmigración autorizado antes de que venza cualquier fecha establecida.
