Cubanos y brasileños figuran entre los 13 acusados por un gran jurado federal de participar en un presunto esquema de fraude migratorio que operaba desde Orlando, Florida. La Fiscalía del Distrito Medio de Florida anunció el proceso el lunes 2 de noviembre de 2026, tras una investigación sobre una empresa que ofrecía servicios migratorios engañosos para obtener dinero de extranjeros interesados en regularizar su situación en Estados Unidos.
Según el expediente presentado el 21 de octubre, la compañía Legacy Imigra Solutions habría utilizado publicidad en español y portugués para captar clientes. Las autoridades estiman que el negocio recaudó más de 20 millones de dólares y afectó a personas residentes en Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey.
Así funcionaba la presunta red de fraude migratorio en Orlando
La investigación sitúa las actividades bajo sospecha entre agosto de 2023 y abril de 2026. Vagner Soares de Almeida dirigía la compañía, mientras Juliana Colucci y otros trabajadores participaban en la captación de clientes, administración y elaboración de expedientes. Ocho procesados enfrentan señalamientos vinculados con una presunta conspiración para cometer fraude electrónico.
Para conseguir interesados, la organización difundía anuncios mediante redes sociales, páginas digitales y aplicaciones de mensajería. Los fiscales sostienen que sus empleados simulaban contar con especialistas legales y ofrecían asesoramiento migratorio incorrecto. También habrían presentado solicitudes oficiales con datos falsos para gestionar beneficios ante las autoridades estadounidenses.
Retención de documentos y matrimonios arreglados para obtener residencia
Otro mecanismo investigado consistía en crear cuentas de correo electrónico a nombre de los inmigrantes. Los empleados controlaban esas direcciones y recibían correspondencia relacionada con los trámites. Según la acusación, condicionaban la entrega de determinados documentos al pago de cantidades adicionales, que terminaban en cuentas vinculadas con De Almeida.
Entre las gestiones cuestionadas aparecen solicitudes de asilo mediante el formulario I-589, peticiones relacionadas con víctimas de trata a través del I-914 y trámites laborales H-1B y EB-3. Dos cargos incluyen transferencias realizadas mediante Zelle por 1.000 y 374,58 dólares. También se investiga la contratación de extranjeros sin autorización laboral.
La Fiscalía identificó tres presuntos acuerdos matrimoniales destinados a conseguir residencia mediante uniones que no cumplían los requisitos legales. Issac Antonio Narvaez aparece relacionado con los tres casos. Otros señalados incluyen a Ronay Castillo Salazar, Rebecca Aldama Garcia, Mijail Cabrera Nunez, Lorraine Soares Oliveira, Colucci y De Almeida.
¿Cuántos años de prisión enfrentan los acusados en Florida?
La acusación federal contiene 11 cargos por diferentes delitos migratorios y financieros. Cada delito de fraude electrónico o conspiración para cometerlo puede castigarse con hasta 20 años de cárcel. Las condenas dependerán de las responsabilidades individuales que logren demostrar los fiscales ante los tribunales.
El proceso ocurre después de una investigación estatal divulgada en abril, cuando fueron anunciadas las detenciones de De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva y Ronaldo de Campos. En aquella operación participaron autoridades del condado de Orange, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Fiscalía General de Florida.
La Fiscalía federal también solicita el decomiso de bienes vinculados con las presuntas actividades delictivas en caso de condena. Los 13 procesados mantienen su presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial, que deberá determinar la participación individual de cada acusado.
