Los abogados que representan a cubanos con formulario I-220A presentaron dos nuevos documentos ante una corte federal de Miami, los días 4 y 5 de noviembre de 2026, para intentar que continúe la demanda Bello-Rubio contra el Gobierno estadounidense.
La petición más reciente solicita una audiencia y la obtención de testimonios antes de que la jueza Jacqueline Becerra decida sobre el intento de la administración de Donald Trump de cerrar el litigio.
Según el registro del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, los representantes legales incorporaron los documentos 88 y 89 al expediente 1:25-cv-23665. El primero presenta autoridad jurídica suplementaria, mientras el segundo solicita una audiencia y una orden para obtener testimonio. El seguimiento especializado de i220a.org señala que el Gobierno tiene hasta el 19 de noviembre para responder a esta última petición.
¿Qué solicitaron los abogados de los cubanos con I-220A?
El documento 89 busca que la magistrada escuche nuevos argumentos relacionados con la moción de desestimación presentada por las autoridades federales. Los abogados de los demandantes, entre ellos Mark Prada, pretenden evitar que el tribunal resuelva esa solicitud únicamente con los escritos incorporados al expediente. La petición también incluye un requerimiento judicial para obtener testimonio.
Sin embargo, el registro público resumido no identifica a las personas que los demandantes quieren llamar a declarar ni precisa qué pruebas buscan incorporar. Tampoco confirma que Becerra haya aceptado celebrar una nueva audiencia. La magistrada deberá evaluar primero los argumentos de las partes y determinar si considera necesario escuchar testimonios adicionales antes de pronunciarse.
El 19 de noviembre será una nueva fecha importante para la demanda
Como informó anteriormente Asere, el tribunal también recibió argumentos sobre la posible certificación colectiva del caso. La jueza Becerra deberá determinar si procede reconocer la demanda como una acción colectiva y si corresponde conceder determinadas medidas cautelares. Los demandantes buscan protección judicial frente a actuaciones migratorias mientras continúa el proceso, pero hasta ahora no existe una orden general que impida a ICE detenerlos o ejecutar procedimientos autorizados por la legislación.
El plazo del 19 de noviembre corresponde a la respuesta del Gobierno sobre la solicitud presentada el día 5. No se trata de una fecha de sentencia ni significa que los inmigrantes recibirán una decisión sobre su residencia. Después de examinar los escritos, la jueza podrá autorizar la audiencia, limitar su alcance o rechazarla y continuar el análisis del caso mediante la documentación disponible.
Como informó anteriormente Asere, la administración Trump presentó el 9 de octubre una nueva moción para desestimar la demanda. Las autoridades cuestionaron la jurisdicción del tribunal y los fundamentos legales de las reclamaciones. Los abogados de los cubanos respondieron durante ese mes, mientras el Gobierno presentó una réplica posterior en defensa de su solicitud de desestimación.
El litigio también mantiene pendientes otras decisiones importantes. Becerra deberá determinar si procede reconocer el caso como una acción colectiva y si corresponde conceder determinadas medidas cautelares. Los demandantes buscan protección judicial frente a actuaciones migratorias mientras continúa el proceso, pero hasta ahora no existe una orden general que impida a ICE detenerlos o ejecutar procedimientos autorizados por la legislación.
¿Qué significa este movimiento para los cubanos que esperan la residencia?
La demanda Bello-Rubio comenzó en agosto de 2025 y reunió inicialmente a 992 ciudadanos cubanos. El conflicto gira alrededor de las condiciones en que las autoridades migratorias los liberaron tras su entrada a Estados Unidos. Sus representantes buscan que esas circunstancias reciban un tratamiento jurídico que permita solicitar beneficios migratorios, incluida la posibilidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
El formulario I-220A acredita una liberación bajo palabra, pero no constituye automáticamente un parole. Esta diferencia resulta fundamental porque la Ley de Ajuste Cubano exige, entre otros requisitos, que el solicitante haya recibido una admisión o parole. La discusión judicial pretende abordar obstáculos que enfrentan numerosos ciudadanos cubanos para regularizar su situación migratoria.
Mientras esperan nuevas decisiones, los inmigrantes deben cumplir sus citas con ICE, comparecencias judiciales y demás obligaciones individuales. La demanda no suspende automáticamente órdenes de deportación ni concede permisos de residencia. El próximo paso será conocer la respuesta del Gobierno o una nueva orden de Becerra, cuyo tribunal todavía no ha anunciado cuándo resolverá las cuestiones principales.
