Los residentes permanentes que respaldaron la llegada de cubanos mediante parole humanitario podrían tener que explicar su cumplimiento del apoyo económico al solicitar la ciudadanía estadounidense. Un memorando de USCIS del 4 de noviembre de 2026 contempla examinar esos compromisos dentro de la evaluación del buen carácter moral, requisito del proceso de naturalización.
La abogada Claudia Cañizares explicó en una entrevista con Cuba en Miami que esa revisión no implica rechazar automáticamente a quienes patrocinaron inmigrantes. El análisis depende del documento firmado, del tiempo durante el cual correspondía prestar asistencia y de las circunstancias del caso. Tampoco basta con que el beneficiario haya recibido ayuda pública.
Qué relación tiene el patrocinio del parole con la ciudadanía
Entre los formularios contemplados figura el I-134A, empleado en determinados programas de permisos humanitarios. Quienes lo presentaron declararon su disposición a proporcionar respaldo financiero durante la permanencia del beneficiario bajo ese permiso. Un posible incumplimiento puede influir en cómo el funcionario valora la conducta del aspirante a naturalizarse.
Las orientaciones también mencionan los documentos I-134 e I-864. Sus efectos y condiciones son diferentes, por lo que no corresponde atribuirles obligaciones idénticas. La revisión puede surgir durante el trámite del N-400, cuando las autoridades examinen qué asistencia prometió el residente y qué ocurrió mientras ese compromiso permanecía vigente.
Recibir ayudas públicas no supone una denegación automática
Cañizares planteó el ejemplo de una residente que patrocinó a su mejor amiga para viajar desde Cuba. Tras instalarse en Estados Unidos, la recién llegada necesitó asistencia económica y recurrió a prestaciones públicas. La cuestión, explicó, consiste en determinar si la patrocinadora cumplió el respaldo que había ofrecido.
Ese escenario no permite concluir, por sí solo, que la solicitante perderá la oportunidad de obtener la ciudadanía. Es necesario examinar qué debía aportar, durante cuánto tiempo y si realmente lo hizo. La utilización de beneficios gubernamentales por la persona patrocinada no demuestra automáticamente que quien la apoyó abandonó sus compromisos.
Otra preocupación afecta a quienes dejaron de comunicarse con el inmigrante al que ayudaron. Algunos conocen su situación inicial, pero ignoran qué sucedió después. Para los residentes próximos a presentar la solicitud, la especialista recomendó revisar las circunstancias individuales antes de iniciar el trámite, en lugar de asumir consecuencias generales.
El memorando no impone cinco años de espera por el patrocinio
La abogada también aclaró las dudas sobre una supuesta obligación de esperar cinco años. Por la vía general, el requisito de buen carácter moral comprende los cinco años anteriores a la presentación de la petición y continúa durante el proceso. Ese período no equivale a una sanción automática por haber sido patrocinador.
El documento no establece que el residente deba contar otros cinco años desde que dejó de asistir al beneficiario o desde que este consiguió la residencia permanente. Por tanto, esas fechas no crean, por sí mismas, un nuevo plazo obligatorio para solicitar la naturalización.
Finalmente, Cañizares distinguió entre una decisión desfavorable sobre ciudadanía y la situación del residente permanente. Una denegación por este motivo no implica automáticamente cancelar su tarjeta de residencia ni iniciar una deportación. Cada procedimiento tiene consecuencias distintas y exige analizar los hechos particulares del expediente.
