Jon Christopher Enriquez, de 47 años y residente de Miami, recibió dos años de prisión federal por publicar amenazas de muerte contra Marco Rubio y Kristi Noem. La Fiscalía anunció la condena el 12 de noviembre. Uno de los mensajes cuestionaba las declaraciones del secretario de Estado sobre Cuba.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó en un comunicado que la jueza Beth Bloom impuso una pena de 24 meses. Enriquez se había declarado culpable de tres cargos por transmitir amenazas mediante comunicaciones interestatales. La fuente oficial identificó tres publicaciones realizadas en X durante una misma tarde.
Las amenazas contra Marco Rubio mencionaban a Cuba
Los mensajes fueron difundidos el 27 de mayo y estaban dirigidos contra ambos funcionarios. Según los documentos judiciales recogidos por EFE, una publicación reprochaba a Rubio sus comentarios sobre la Isla y aludía a una supuesta investigación militar contra él. Esa referencia formaba parte del contenido intimidatorio.
Otra publicación afirmaba que Rubio y Noem habían sido declarados culpables de conspiración sediciosa y anunciaba su ejecución a una hora concreta. Aquellas afirmaciones procedían del autor de las amenazas. La información consultada no las presenta como una actuación judicial real contra los funcionarios mencionados.
El expediente también recogió otro mensaje que vinculaba la muerte de Rubio con el propósito de silenciarlo. Las publicaciones incluían distintos horarios para las supuestas ejecuciones. Los investigadores documentaron esa secuencia pública, que posteriormente sustentó los tres cargos reconocidos por Enriquez ante la justicia federal.
Una declaración de culpabilidad anterior a la sentencia
La Fiscalía había anunciado la declaración de culpabilidad en un comunicado del 5 de agosto. Entonces explicó que cada cargo contemplaba una pena máxima de cinco años de prisión. Esa referencia describía el límite legal aplicable, mientras que la condena finalmente impuesta por Bloom fue de dos años.
En aquel anuncio, el entonces fiscal federal Jason A. Reding Quiñones sostuvo que amenazar con ejecutar a funcionarios públicos constituye un delito federal. La acusación destacó que los mensajes fueron reiterados, específicos y difundidos en una plataforma abierta. El proceso se centró en esas amenazas de violencia.
Seguridad Diplomática encabezó la investigación en Miami
El Servicio de Seguridad Diplomática investigó el caso con apoyo del Servicio de Investigación Criminal Naval, el Departamento de Policía de Florida, la Policía de Miami y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. El fiscal adjunto Nicholas Y. Carré estuvo a cargo de la acusación federal.
Al comunicar la sentencia, la fiscal federal interina Yara Lorenzo Klukas advirtió que publicar amenazas desde un teclado no elimina sus consecuencias penales. El comunicado describió las expresiones como delitos graves y reiteró el compromiso de las autoridades de identificar y procesar a quienes amenacen a funcionarios.
El procedimiento figura con el número 26-cr-20239 en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La condena corresponde a la transmisión de amenazas y no a un atentado consumado. Los comunicados oficiales consultados tampoco atribuyen al sentenciado una nacionalidad ni describen vínculos con organizaciones políticas cubanas.
