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Camila Acosta denuncia nueva amenaza judicial contra ella y su esposo

La periodista y su esposo deberán acudir a una estación policial de La Habana mientras crece la preocupación por nuevas acciones judiciales

La periodista independiente Camila Acosta y su esposo, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, fueron citados este martes 17 de noviembre por la Policía cubana bajo una presunta acusación de atentado.

Ambos deberán presentarse el jueves 19 en una estación policial de La Habana, aunque las autoridades no han explicado qué hechos originaron el procedimiento. La reportera considera que se trata de una nueva medida de intimidación contra su trabajo informativo.

La citación se produjo mediante una llamada telefónica recibida alrededor de las 11:10 de la mañana. Un oficial identificado como el coronel Márquez, jefe de la unidad policial de Zapata y C, informó que ambos debían comparecer ante el capitán Pileta a las 10:00 de la mañana del próximo jueves.

Camila Acosta desconoce los motivos de la acusación por atentado

Durante la conversación, Acosta solicitó conocer quién había presentado la denuncia y cuáles eran las acciones que se le atribuían. El funcionario respondió que esos detalles serían comunicados durante la comparecencia. Tampoco precisó si existe una investigación penal formal contra la pareja.

La comunicadora sospecha que el procedimiento guarda relación con una grabación realizada el 28 de octubre. En aquella ocasión, documentó cómo un agente de la Seguridad del Estado, vestido de civil, le impedía abandonar su domicilio sin presentar una orden judicial. Posteriormente, difundió las imágenes para denunciar las restricciones.

La periodista cubana fue detenida a principios de noviembre

El pasado 3 de noviembre, varios policías arrestaron a Acosta mientras trasladaba a su gata al veterinario. Según su denuncia, los agentes la esposaron en la vía pública y la introdujeron en una patrulla. La periodista permaneció unas ocho horas bajo custodia policial en el municipio habanero de Playa.

Durante el interrogatorio, los oficiales cuestionaron la publicación del video y levantaron un acta de advertencia por supuestas afectaciones a la intimidad personal y familiar. Acosta también denunció que recibió su teléfono móvil inutilizado después de recuperar la libertad.

La reportera teme que las autoridades utilicen esos acontecimientos para sostener una imputación más grave. El artículo 182 del Código Penal cubano establece sanciones de dos a cinco años de prisión para determinadas conductas violentas o intimidatorias contra funcionarios públicos y agentes de la autoridad.

Ángel Santiesteban enfrenta otra condena judicial en Cuba

La acusación surge pocos días después de que un tribunal condenara a Santiesteban a dos años de limitación de libertad y una multa de 20.000 pesos por tráfico ilegal de divisas. El proceso estuvo relacionado con operaciones de aproximadamente 300 dólares pertenecientes al Asilo Nacional Masónico Llansó.

La organización jurídica Cubalex cuestionó aquella sentencia al señalar que las transacciones estaban registradas y no existían pruebas de enriquecimiento personal. Acosta, por su parte, manifestó su desconcierto ante la nueva citación de su esposo, quien no participó en la grabación que considera vinculada al caso.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión ha documentado 26 incidentes represivos contra Acosta durante 2026 y los primeros días de noviembre. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras condenó las recientes detenciones de periodistas independientes en Cuba. Estos antecedentes aumentan la preocupación por las restricciones al ejercicio del periodismo y la posibilidad de nuevas acciones judiciales contra comunicadores críticos del Gobierno.

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