El Gobierno de Florida advirtió el jueves 19 de noviembre de 2026 que la ciudad de Doral, en Miami-Dade, podría infringir la legislación estatal si decide cancelar su convenio de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin una justificación suficiente.
La advertencia fue emitida por la Fiscalía General, encabezada por James Uthmeier, después de que las autoridades municipales solicitaran aclaraciones legales ante las peticiones de residentes y activistas para poner fin al acuerdo migratorio.
La respuesta, firmada por Greg Slemp, principal asesor jurídico de la Fiscalía General, establece que las ciudades de Florida no tienen la obligación automática de incorporarse al programa federal 287(g). Sin embargo, considera que abandonar un convenio previamente firmado podría interpretarse como una política contraria a la cooperación migratoria exigida por el estado.
El documento no precisa qué circunstancias justificarían legalmente la cancelación. La información fue publicada por El Nuevo Herald y posteriormente ampliada por WLRN. La advertencia no constituye una prohibición judicial ni impide por sí misma que el Ayuntamiento debata la continuidad del acuerdo.
¿Por qué Florida se opone a que Doral termine su acuerdo con ICE?
El programa 287(g) permite que determinados agentes de las fuerzas policiales estatales o municipales reciban autorización federal para realizar funciones relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración. Doral aprobó por unanimidad su participación en abril de 2025, durante una etapa de expansión de estos convenios impulsada por la Administración de Donald Trump y respaldada por el gobernador Ron DeSantis.
Pese a esa decisión, los funcionarios municipales han indicado que ningún policía de Doral ha completado todavía la capacitación necesaria para desempeñar las tareas contempladas en el programa. Por tanto, la existencia del acuerdo no significa que sus oficiales estén ejerciendo actualmente todas las facultades migratorias previstas. Tampoco implica que las operaciones independientes de ICE en la ciudad dependan exclusivamente de la participación policial local.
El conflicto se intensificó cuando la concejal Maureen Porras intentó introducir una discusión sobre el futuro del convenio durante una reunión municipal celebrada el 18 de noviembre. Su propuesta no obtuvo el respaldo necesario. Posteriormente, el vicealcalde Rafael Pineyro promovió aplazar el debate hasta recibir la orientación solicitada por la alcaldesa Christi Fraga. La moción fue aprobada por cuatro votos contra uno, con Porras como única opositora.
La intervención de la Fiscalía General llegó después de que residentes y organizaciones defensoras de inmigrantes reclamaran una revisión pública del acuerdo. Los participantes expresaron preocupación por el temor que generan las operaciones federales entre familias extranjeras. Doral concentra una importante población venezolana y también alberga residentes cubanos y de otras nacionalidades latinoamericanas que siguen con atención los cambios en las políticas migratorias.
¿Qué pasará con los inmigrantes de Doral?
La interpretación de Uthmeier ha encontrado oposición entre especialistas jurídicos. Alana Greer, directora del Community Justice Project, argumentó que la legislación estatal permite discutir la participación municipal en programas federales sin que ello constituya automáticamente una política de ciudad santuario. También sostuvo que la obligación general de colaborar con las autoridades migratorias no exige necesariamente mantener un convenio 287(g).
José Smith, quien anteriormente ejerció como abogado municipal de Miami Beach y North Miami Beach, también cuestionó la posición estatal. Según explicó a El Nuevo Herald, Doral podría mantener otras formas de cooperación con las autoridades federales mientras reconsidera, modifica o cancela su participación en el programa. La opinión emitida por la Fiscalía General no equivale a una sentencia judicial y podría ser objeto de controversia ante los tribunales.
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Porras expresó su intención de retomar el asunto durante diciembre, una vez analizada la respuesta estatal. Entretanto, el convenio permanece vigente y las autoridades municipales no han aprobado su cancelación. La decisión también podría depender de nuevas recomendaciones del abogado de la ciudad y de una evaluación sobre las consecuencias jurídicas de modificar sus compromisos con ICE.
Para los inmigrantes residentes en Doral, la controversia no supone por ahora un cambio inmediato en las facultades de los agentes federales. ICE puede continuar realizando operaciones conforme a la legislación nacional, independientemente de la discusión municipal. El desenlace determinará principalmente si la policía local mantiene su participación formal en el programa 287(g), mientras persisten las demandas de transparencia sobre la cooperación entre ambas instituciones.