Esta semana se iniciaron los juicios contra decenas de manifestantes que fueron arrestados por participar en las protestas pacíficas del pasado 11 de julio, por lo que las calles de varias provincias del país experimentaron un alto despliegue policial.
Entre estas provincias se encuentra Camagüey, donde hasta el día de hoy las autoridades continúan vigilando las zonas aledañas a los tribunales por miedo a posibles manifestaciones.
El medio digital La Hora de Cuba compartió varias imágenes el día de ayer en las que se pueden observar a miembros de distintos organismos del régimen vigilando las calles cercanas mientras los manifestantes del 11J son juzgados.
El citado medio compartió en sus redes sociales que los policías se dedicaron a vigilar a la población de Camagüey mientras se llevaba a cabo el juicio de Ramón Montero Meriño y otra persona involucrada en las protestas.
“Nuevamente hay policías en las esquinas y en diferentes tramos de las calles. También se observan patrullas y agentes de la Seguridad del Estado en las proximidades del sitio, con interrupción de la circulación cuando ocurre el traslado de algún acusado a los Tribunales Provincial y Municipal, ubicados en Cisneros”, se lee en la denuncia.
La denuncia asegura que a Montero Mireño se le impuso una petición fiscal de 10 años en prisión por los presuntos delitos de atentado y desorden público.
La Hora de Cuba también indicó que el hombre, de 40 años de edad, ha permanecido todo este tiempo en la prisión de máxima seguridad conocida como Kilo 8, en donde ha sido víctima de varios actos represivos por parte de las autoridades penitenciarias.
“Estando encarcelado en la prisión de máxima seguridad del kilómetro 8 de esta provincia, ha sufrido la represión del régimen penitenciario, según declaraciones suyas y de familiares”.
Por último, la publicación menciona que el otro prisionero encarcelado durante las manifestaciones podría pasar hasta siete años en la cárcel.
“Una fuente cercana asegura que el otro acusado, Cándido, estaba detenido antes del juicio en la prisión del kilómetro 9. La petición fiscal en su caso fue de siete años de privación de libertad”, concluye la denuncia del medio digital.
