El estado de Florida está a punto de intensificar sus políticas contra la inmigración irregular con un conjunto de medidas que el gobernador Ron DeSantis planea llevar a debate durante una sesión legislativa especial en Tallahassee, programada para el 27 de enero.
Durante un evento en Jacksonville, el funcionario detalló algunas de las propuestas que podrían transformar el panorama migratorio en el estado.
Entre las iniciativas anunciadas, destaca una normativa que obligará a las empresas de envío de remesas a implementar el sistema E-Verify, una herramienta diseñada para confirmar la ciudadanía o el estatus migratorio de quienes utilicen estos servicios. Esta medida apunta directamente a limitar las transferencias económicas realizadas por migrantes sin documentación.
Adicionalmente, DeSantis busca revocar el acceso a matrículas estatales para estudiantes indocumentados, endurecer las condiciones de liberación bajo fianza para personas sin estatus legal y exigir que las cárceles informen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre detenidos en situación irregular, facilitando así su posible deportación.
As Governor, I have proposed and signed into law the strongest anti-illegal immigration policies in the country to protect Florida from the Biden Administration’s border crisis. Now that President Trump is back in office, I want Florida to be equipped with everything we need to… pic.twitter.com/vcpw0YjU56
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 23, 2025
Conexión con la política migratoria federal
Estas propuestas reflejan una alineación con las políticas migratorias del presidente Donald Trump, cuyo gobierno priorizó la expulsión de migrantes y la eliminación de programas que favorecían la llegada de extranjeros al país.
DeSantis dejó claro que su intención es continuar reforzando las leyes estatales con un enfoque similar: “Desde el primer año prohibimos las ciudades santuario y hemos exigido que las empresas utilicen E-Verify para contratar trabajadores. Ahora llevaremos estas leyes más lejos”, afirmó.
El gobernador también resaltó que bajo su administración, los hospitales están obligados a registrar y reportar los costos asociados a la atención médica de migrantes en situación irregular, buscando dimensionar el impacto económico de este fenómeno.
Las nuevas normativas propuestas no se limitarán al ámbito estatal. DeSantis advirtió que los gobiernos locales estarán obligados a cumplir estas leyes, y aquellos funcionarios que se opongan podrían enfrentar consecuencias graves, incluida la destitución de sus cargos.
“El cumplimiento será obligatorio en todos los niveles. Ningún condado o municipalidad podrá bloquear estas políticas”, sentenció.
Para garantizar que estas disposiciones se implementen de manera efectiva, Florida contará con un coordinador especial que supervisará su aplicación y colaborará con agencias federales, particularmente en caso de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca.
Críticas y debate anticipado
A pesar de que la sesión legislativa regular comenzará en marzo, DeSantis ha solicitado esta reunión especial para abordar lo que considera una crisis urgente. Críticos de la iniciativa han cuestionado la necesidad de una convocatoria anticipada, argumentando que las propuestas podrían debatirse en la sesión regular. Sin embargo, el gobernador insiste en que no hay tiempo que perder frente a lo que describe como un problema apremiante para la seguridad del estado.
En relación con los esfuerzos de vigilancia marítima, DeSantis destacó que Florida continuará con las intercepciones de migrantes que intenten llegar por mar a los Cayos de Florida, una estrategia que busca disuadir los cruces irregulares.
“Estamos realmente comprometidos con esta lucha y no descansaremos hasta proteger a Florida”, concluyó el gobernador.
