Mediante un comunicado, la organización sin fines de lucro PEN América denunció que el Decreto Ley 35 que adoptó el régimen de Miguel Díaz-Canel profundizará la represión y representará una amenaza cada vez mayor a la libertad de expresión.
“Un nuevo paquete de leyes de seguridad cibernética presentado la semana pasada en Cuba amenaza con reducir aún más la disidencia en línea y representa una amenaza cada vez mayor para la libertad de expresión en un país asolado por protestas masivas en los últimos meses. El Decreto Ley 35 y la Resolución 105 recientemente adoptados incluyen nuevas prohibiciones penales sobre la publicación de información en línea que sea crítica con el gobierno cubano”, sentencia el comunicado.
PEN International y PEN America advirtieron que estas nuevas regulaciones profundizarán la represión del gobierno de las voces disidentes en línea y deben entenderse en el contexto de la continua censura y criminalización de la libertad de expresión por parte del gobierno.
“La respuesta del gobierno cubano a sus artistas, periodistas y ciudadanos frente a las protestas ha sido una creciente represión. Estas regulaciones amenazan con enterrar aún más la libertad artística y creativa en Cuba, dando a las autoridades nuevas herramientas para silenciar el discurso crítico en línea”, dijo Julie Trebault, directora del programa de Conexión de Artistas en Riesgo de PEN América.
“Todo esto ocurre mientras las autoridades cubanas continúan con su constante hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias contra artistas y periodistas que han alzado la voz en el pleno ejercicio de sus derechos humanos”, agregó.
La nueva normativa surge luego de las históricas protestas del 11 de julio, en las que miles de cubanos salieron a las calles exigiendo mejores condiciones de vida. En respuesta, el puesto a dedo por los Castro, Miguel Díaz-Canel, autorizó el uso de la fuerza y restringió el acceso a las redes sociales en un intento por controlar el flujo de información dentro y fuera del país.
Las nuevas regulaciones legalizan la capacidad de las autoridades para cortar el acceso de la población al servicio telefónico o de Internet, para cortar el acceso a las redes sociales en respuesta a algunos contenidos que supuestamente “incita a movilizaciones”.
“Condenamos enérgicamente las acciones del gobierno de Miguel Díaz-Canel contra las voces críticas. Estas nuevas regulaciones parecen haber sido desarrolladas en respuesta directa a las protestas pacíficas que han surgido en Cuba en los últimos meses”.
A medida que la gente en Cuba da voz a sus preocupaciones, es revelador que la respuesta del gobierno parezca estar centrada en cómo silenciar más eficazmente esta expresión.
Los artistas y escritores cubanos han dado ejemplo de valentía al enfrentarse a un gobierno represivo que no garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos de sus ciudadanos. El arte, la literatura y el periodismo seguirán siendo una moneda común entre las personas a pesar de la agitación política o internacional”, dijo Romana Cacchioli, directora ejecutiva de PEN International.
La nueva normativa penaliza la difusión de contenidos “contrarios a los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado” o que “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”, así como la difusión de noticias falsas, información ofensiva, o “difamación que afecte el prestigio del país”.
Castigos que establece el Decreto Ley 35 en Cuba
El Decreto Ley 35 también establece que los usuarios de cualquier servicio de telecomunicaciones e internet en el país tienen el deber de evitar que sean utilizados como medio “para atentar contra la Seguridad y Orden Interno del país, transmitir reportes o noticias falsas”, cometer “actos ilícitos”, o transmitir información “ofensiva” o información que afecte “la seguridad colectiva, el bienestar general, la moral pública y el respeto al orden público”.
Los delitos podrían ser definidos y castigados por el Código Penal cubano. La “difusión de noticias falsas contra la paz internacional”, por ejemplo, se castiga con una pena de prisión de uno a cuatro años [art. 115]. La resolución 105 podría involucrar varios delitos como terrorismo, sedición o rebelión, todos punibles con hasta 20 años de prisión o incluso la muerte.
PEN America lidera Artists at Risk Connection (ARC), un programa dedicado a ayudar a artistas en peligro y fortalecer el campo de organizaciones que los apoyan.
ARC lanzó recientemente Una guía de seguridad para artistas, un recurso que ofrece estrategias prácticas para ayudar a los artistas a comprender, navegar y superar el riesgo, y presenta una entrevista con la artista cubana Tania Bruguera sobre el estado de la libre expresión en la isla.
