El Gobierno de La Habana informó sobre el arresto del administrador de una bodega, el cual fue acusado de transportar un lote de cajas de pollo a bordo de la parte trasera de un camión para basura.
Se trata del administrador de la bodega número 1163, ubicada en el municipio capitalino de Diez de Octubre, quien ahora enfrenta cargos por propagación de epidemias y corre el riesgo de ser sancionado con hasta ocho años en prisión.
Según un comunicado compartido en redes sociales por la dirección del partido comunista en dicho municipio, el funcionario fue citado a una reunión el próximo viernes, esto luego de que este reconociera la falta cometida.
Según la justificación dada por el funcionario, el vehículo destinado al transporte del pollo sufrió una avería, por lo que tomó la decisión de continuar la tarea con la primera opción que se le presentó, en este caso, un camión de basura.
“El administrador de la unidad reconoció la comisión del hecho y su gravedad. Argumentó además, que el transporte destinado al traslado del pollo sufrió una rotura, lo que lo motivó a continuar el traslado en el primer medio de transporte que pasó”, se lee en el comunicado.
Las autoridades castristas llegaron a la conclusión de que el administrador de la bodega debe permanecer en prisión provisional, medida cautelar tomada por los cargos de propagación de epidemias y por cometer una infracción a las normas sanitarias establecidas para el transporte de alimentos.
De momento, se continúa con la investigación, y la directora de la Unidad Empresarial de Base también fue sancionada por falta de control y fiscalización en el transporte del pollo congelado que se planeaba vender a la población del consejo popular Jesús del Monte.
El caso se hizo viral el sábado, cuando el medio independiente Diario de Cuba compartió un video que mostraba a trabajadores del Estado descargando varias cajas de pollo desde el interior de un camión de basura, todo mientras transeúntes observaban incrédulos.
Las imágenes generaron indignación entre los cubanos dentro y fuera de la Isla, los cuales consideraron que los funcionarios responsables de esa tarea estaban faltándole el respeto a los residentes del consejo popular.
De igual manera, acusaron a las autoridades de la bodega de poner en riesgo la salud de los ciudadanos a la hora de cometer esa falta.
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