Cuatro integrantes de la masonería cubana, entre ellos el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, recibieron este jueves 5 de noviembre de 2026 condenas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad en La Habana.
El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre los declaró culpables de tráfico ilegal de divisas por dos operaciones monetarias que involucraron apenas 300 dólares.
Según informó CubaNet, la sanción más elevada correspondió a José Ramón Viñas Alonso, antiguo dirigente del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, quien recibió cuatro años de limitación de libertad y una multa de 25.000 pesos cubanos. El contador Fernando Marcos García fue condenado a tres años, mientras Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat recibieron dos años cada uno. Estos últimos deberán pagar 20.000 pesos por persona.
El fallo también establece restricciones para abandonar el territorio nacional, ejercer determinados cargos y disfrutar de algunos derechos. Aunque las penas no requieren internamiento en una prisión, limitan la movilidad y las actividades de los sancionados. Los afectados podrán recurrir la decisión ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana.
¿Por qué condenaron a los cuatro masones cubanos?
El expediente judicial está relacionado con dos cambios de moneda efectuados en septiembre de 2023 y junio de 2025, utilizando dólares vinculados al Asilo Nacional Masónico Llansó. La Fiscalía consideró que las operaciones vulneraron las disposiciones legales sobre compraventa de divisas al utilizar la tasa del mercado informal.
La primera transacción involucró 200 dólares, por los cuales se entregaron 49.600 pesos cubanos. En la segunda se cambiaron otros 100 dólares por 37.500 pesos. La defensa explicó que estas operaciones respondían a necesidades de la institución benéfica y no representaban actividades comerciales destinadas a obtener ganancias.
El abogado Roberto Ortega Ortiz solicitó la absolución de los cuatro acusados. Entre sus argumentos señaló que parte del dinero permitió adquirir leche en polvo para ancianos atendidos por el asilo, mientras otra operación facilitó la compra de medicamentos para el hijo de uno de los involucrados.
Denuncian presiones de la Seguridad del Estado
Tras conocerse la sentencia, Santiesteban Prats y Viñas Alonso denunciaron que oficiales de la Seguridad del Estado les habían advertido sobre posibles consecuencias judiciales si continuaban desempeñando responsabilidades dentro de la masonería. Ambos sostienen que el proceso estuvo acompañado de presiones para apartarlos de sus funciones.
Viñas Alonso relató que una oficial le habría ofrecido retirar las acusaciones si abandonaba su cargo. Por su parte, Santiesteban Prats manifestó que el resultado judicial coincidió con las advertencias recibidas anteriormente. Estas declaraciones reflejan la posición de los condenados, quienes rechazan la interpretación de los hechos presentada por las autoridades.
Cubalex cuestiona los fundamentos de la condena
La organización independiente Cubalex también puso en duda la fundamentación jurídica del expediente. En un análisis publicado el 4 de noviembre, sostuvo que las operaciones investigadas no reunían los elementos necesarios para configurar el delito atribuido a los cuatro masones.
La entidad señaló además que el caso fue investigado por un órgano del Ministerio del Interior especializado en delitos contra la seguridad del Estado, pese a tratarse de hechos económicos. También cuestionó que la Fiscalía incorporara referencias a las opiniones políticas contrarias al Gobierno expresadas por Santiesteban Prats. La controversia abre interrogantes sobre las garantías procesales y la autonomía de las organizaciones civiles en Cuba.
