El gobernador Ron DeSantis firmó el pasado viernes la “Ley de Libertad para Navegantes”, una normativa destinada a preservar la reputación del estado como “capital mundial de la navegación y la pesca”. La medida busca garantizar que los usuarios de embarcaciones puedan disfrutar de sus actividades sin enfrentar restricciones arbitrarias.
Durante una conferencia de prensa en Panama City Beach, DeSantis explicó que la nueva ley prohíbe a los gobiernos locales imponer prohibiciones contra embarcaciones a gasolina.
Además, la normativa también limita la facultad de las fuerzas del orden para realizar controles aleatorios sin causa probable, una protección que, según el gobernador, defiende los derechos de los navegantes frente a restricciones impulsadas por grupos ambientalistas.
La legislación encomienda a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) la implementación de un programa de calcomanías de seguridad para embarcaciones, con vigencia de cinco años.
La etiqueta, llamada “Florida Freedom Boater”, será emitida por la FWC y los recaudadores de impuestos de los condados a quienes cumplan los requisitos de seguridad.
Esta calcomanía permitirá a los navegantes evitar paradas para controles rutinarios, agilizando la navegación y reduciendo interrupciones para los usuarios respetuosos de la ley.
Pese a estas libertades, DeSantis aseguró que las protecciones para zonas de estela, manatíes y praderas de pastos marinos continuarán vigentes y sin modificaciones.
En el mismo acto, el gobernador firmó también el Proyecto de Ley de la Cámara 735, que destina fondos para ampliar el acceso público a vías fluviales. El programa, administrado por la FWC, contempla mejoras en rampas para embarcaciones, instalaciones de puertos deportivos y estacionamientos.
El sector marítimo en Florida tiene un impacto económico superior a los 31.000 millones de dólares al año, con más de 7.000 negocios y 100.000 empleos. Desde 2018, ha crecido un 53%, impulsado en gran medida por la demanda generada tras la pandemia de COVID-19.
Por último, el gobernador reiteró su rechazo a los aumentos en los impuestos a la propiedad, señalando que en la Bahía de Tampa los valores inmobiliarios subieron un 23%, pero que ello no debe traducirse en mayores impuestos para los propietarios. En ese sentido, anunció que buscará reformas en 2026 para limitar este impacto y proteger la economía de los residentes.
