La ciudad de Key West ha dado un giro inesperado en su postura sobre la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En una votación de 4 a 2 celebrada la noche del pasado lunes, los comisionados decidieron reactivar la colaboración con la agencia federal, lo que permitirá a los oficiales locales intervenir en casos relacionados con migrantes.
Esta decisión se enmarca dentro del programa 287(g), una medida que permite a los oficiales de policía locales actuar como agentes federales de inmigración, apoyando labores de detención y arresto de migrantes.
Esta medida había sido suspendida tras un voto previo, pero la presión política y la advertencia del fiscal general de Florida, James Uthmeier, sobre las posibles consecuencias legales llevaron a los comisionados a reconsiderar su postura.
El fiscal Uthmeier celebró públicamente la reversión de la decisión en su cuenta de X, calificando la reactivación del acuerdo como una “gran noticia”.
De este modo, Key West se suma a las ciudades y condados que han adoptado el programa 287(g), siguiendo la línea de la administración del presidente Donald J. Trump, que implementó este programa como una herramienta central en su política migratoria.
Cambio en la postura de Key West sobre la colaboración con el ICE
A inicios de julio, la Comisión de Key West había decidido, por una amplia mayoría, votar en contra del acuerdo con el ICE, alegando que la participación en el programa 287(g) podría generar un clima de miedo dentro de la comunidad inmigrante local.
Sin embargo, el clima de tensión generado por las declaraciones del fiscal general de Florida y otros actores políticos, sumado a la revocación del acuerdo y sus implicaciones legales, motivaron este cambio de dirección.
La nueva medida, que permitirá la colaboración de la policía local con el ICE, ha sido celebrada por sectores del gobierno estatal y federal.
La postura en contra de la colaboración con ICE había recibido el apoyo de sectores progresistas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que alertaban sobre el impacto negativo en las comunidades más vulnerables.
Miami también coopera con ICE
En Miami, la Comisión también aprobó un acuerdo similar con el ICE, aunque la medida fue aprobada desde un principio, respaldada por tres comisionados y rechazada por otros dos, quienes expresaron sus temores de que el programa 287(g) podría fomentar un clima de represión y temor en la comunidad inmigrante.
El comisionado Damián Pardo, uno de los opositores, calificó el programa como “tóxico”, advirtiendo sobre los riesgos de incrementar la inseguridad y desconfianza en las fuerzas del orden, especialmente entre aquellos inmigrantes en situación irregular o en proceso de regularización.
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