El pasado 23 de junio, un joven de origen cubano identificado como Rogelio González Moya, de 26 años de edad, fue arrestado en el centro de detención de Krome, en Miami, tras asistir a una cita de rutina con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la información, compartida por el periodista Javier Díaz en sus redes sociales, González no tiene antecedentes penales y se encontraba trabajando como técnico de oftalmología en EEUU desde su llegada en agosto de 2022.
El joven, que se encontraba bajo supervisión migratoria con el documento I-220A, acudió a su cita habitual, pero fue arrestado sin previo aviso. Durante la audiencia de fianza, la jueza informó que el cubano podría permanecer detenido por hasta tres semanas adicionales.
De momento, se sabe que González ha solicitado una entrevista para presentar un caso de “miedo creíble”, aunque hasta ahora no se le ha concedido la oportunidad.
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Casos similares siguen ocurriendo
Este incidente se suma a un patrón reciente de detenciones de cubanos con el documento I-220A, quienes, a pesar de no tener historial criminal, están siendo arrestados por ICE.
Hace dos semanas, el caso de Denis Durán Águila generó gran indignación en las redes sociales, cuando su madre fue captada suplicando por su hijo tras su detención en circunstancias similares.
De igual manera, se supo del caso de un menor de edad que fue arrestado en “Alligator Alcatraz” por error. El adolescente mexicano, de solo 15 años, fue recluido durante tres días en el centro de detención, junto a personas adultas.
El incidente ocurrió el 1 de julio, cuando agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida lo detuvieron en Tampa y lo entregaron a autoridades federales de inmigración, pese a ser menor de edad y no tener antecedentes penales.
Estas detenciones ocurren en el contexto de las políticas migratorias de la administración de Donald J. Trump, las cuales consideran a todo inmigrante irregular como un criminal, independientemente de su historial. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la administración, dejó claro en enero que cualquier persona que ingrese ilegalmente a EEUU debe ser tratada como criminal.
