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Expresidente colombiano es condenado a 12 años por soborno y fraude

El proceso judicial inició en 2012, pero fue en 2018 cuando la Corte Suprema cambió el curso del caso, acusando a Uribe de intentar manipular testigos

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado este jueves a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión fue emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia en Bogotá, tras considerar probadas las acciones del exmandatario durante un proceso judicial.

La magistrada sostuvo que Uribe utilizó a su abogado, Diego Cadena, como intermediario para contactar a paramilitares presos y persuadirlos de modificar sus declaraciones. El objetivo, según la jueza, era desvirtuar testimonios que lo vinculaban con estructuras paramilitares y acusar falsamente al senador Iván Cepeda.

La primera condena contra un expresidente colombiano

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, se convierte en el primer exjefe de Estado colombiano en recibir una condena judicial. La sentencia consta de 1.114 páginas y absuelve al exmandatario de otros cargos, como los relacionados con la exfiscal Hilda Niño y el caso “Pacho Cundinamarca”.

El proceso judicial inició en 2012 con una denuncia de Cepeda, pero fue en 2018 cuando la Corte Suprema cambió el curso del caso, acusando a Uribe de intentar manipular testigos para proteger su imagen pública y ocultar sus presuntos vínculos con grupos armados ilegales.

Testigos presionados para favorecer a Uribe

Uno de los testigos clave fue Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar encarcelado en Bogotá, quien aseguró haber sido presionado por emisarios de Uribe para retractarse de sus declaraciones. A cambio, se le ofrecieron beneficios judiciales y se le instó a incriminar a Cepeda.

La jueza concluyó que las pruebas eran contundentes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, razón por la cual dictó la condena. Además de la pena de reclusión en casa, Uribe deberá pagar una multa económica y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de ocho años.

La defensa anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá. En caso de aceptarse la apelación, la ejecución de la medida podría quedar en suspenso, generando debate sobre la imparcialidad del sistema judicial colombiano.

Mientras tanto, la Corporación de Jueces y Magistrados expresó su respaldo a la jueza Heredia y exigió medidas de protección para ella, ante las amenazas recibidas por su papel en este caso de alto perfil.

Uribe reaccionó en redes sociales, afirmando que se centrará en su defensa. Recordó que en 2020 también fue puesto bajo detención domiciliaria, y expresó tristeza por la situación que atraviesa su familia.

“La privación de mi libertad me causa una profunda tristeza por mi esposa, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, escribió en X.

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