El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la apertura de un nuevo centro de detención migratoria en el estado, ubicado en la Institución Correccional de Baker, a unas 43 millas (69 km) al este de Jacksonville.
Con una capacidad inicial de 1.300 camas, la instalación está pensada para albergar a inmigrantes detenidos bajo la política migratoria de la administración del presidente Donald J. Trump. DeSantis aseguró que este espacio está siendo construido para satisfacer la creciente demanda de lugares de detención y deportación, subrayando que la instalación podría expandirse para albergar hasta 2.000 personas.
Centro de detención en expansión: cumplimiento de objetivos migratorios
El gobernador justificó la construcción del centro con el argumento de que el estado necesita estar preparado para cumplir con las metas del gobierno federal relacionadas con la detención y deportación de inmigrantes.
“Hay una demanda para esto. Estoy seguro de que se llenará”, dijo DeSantis, haciendo hincapié en la necesidad de más espacios para atender a la población migrante detenida.
Florida is setting the standard for states in working with the Trump Administration to protect Americans from the scourge of illegal immigration. We have more 287(g)-certified officers than any other state, and these Florida law enforcement professionals are working with our… pic.twitter.com/6MwvX9EscW
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 14, 2025
Controversia sobre el centro “Alligator Alcatraz”
La apertura del nuevo centro llega en medio de una batalla legal relacionada con otro centro de detención en los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz” por su remota ubicación y estrictas condiciones de seguridad.
Este centro ha sido objeto de críticas por parte de defensores de los derechos humanos y grupos ambientalistas debido a sus condiciones de detención y el impacto ambiental que genera.
Recientemente, la jueza federal Kathleen Williams emitió una orden temporal que detiene las obras de expansión de este centro en particular por un período de 14 días, mientras se resuelve un litigio sobre posibles violaciones de las leyes ambientales.
La jueza destacó que no se puede continuar con las obras debido a la falta de garantías sobre el cumplimiento de las normativas, dictando una restricción temporal para varias actividades de construcción.
A pesar de la orden judicial, las actividades de detención no se verán afectadas. El centro, inaugurado el 1 de julio tras una inversión de 245 millones de dólares, tiene capacidad para albergar hasta 5.000 personas. Sin embargo, las condiciones dentro del centro continúan siendo fuertemente criticadas debido a denuncias de detenidos y extrabajadores.
