Fiscalía imputa a exviceprimer ministro Alejandro Gil por delitos graves
El caso involucra a Gil y otros imputados que enfrentan cargos por espionaje, malversación y falsificación de documentos
La Fiscalía General de la República ha iniciado el juicio penal contra Alejandro Miguel Gil Fernández, exviceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación de Cuba, junto a otros implicados, por una serie de delitos graves, en una acción de investigación que ha seguido lo estipulado en la Constitución de la República.
La acusación se presentó al tribunal correspondiente, solicitando sanciones severas para los imputados.
El caso involucra a Gil Fernández y otros imputados que enfrentan cargos por espionaje, malversación de fondos, cohecho, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que estas acciones perjudicaron gravemente la actividad económica y la integridad de las instituciones gubernamentales.
Fiscalía presenta cargos graves contra Gil Fernández y otros
En cumplimiento con su misión, la Fiscalía General de la República ejerció la acción penal pública, actuando en representación del Estado.
Según el informe oficial, se garantizó el debido proceso durante las investigaciones, y los actos presentados al tribunal detallan una serie de crímenes graves, incluidos delitos contra la administración pública y corrupción.
El tribunal correspondiente está evaluando las pruebas presentadas, que señalan que los acusados participaron en actividades ilícitas que afectaron tanto el ámbito económico como la seguridad del país. Las investigaciones apuntan a que hubo un uso indebido de documentos clasificados y la sustracción de materiales oficiales.
El Tribunal Supremo Popular confirma la tramitación del caso
El proceso judicial, según confirmó el Tribunal Supremo Popular a través del diario oficialista Granma, se encuentra en trámite en esa instancia.
La autoridad judicial señaló que se siguen todas las pautas establecidas para garantizar un juicio justo y transparente, y ha asegurado que el público será informado oportunamente cuando se inicie el juicio.
Mientras tanto, las autoridades mantienen firme la postura de sancionar a los responsables con penas de prisión, acorde con la gravedad de los delitos cometidos.
