“En Cuba no hay corrupción”: vocero del régimen ante escándalo de Alejandro Gil

En medio del creciente escándalo por el proceso judicial contra el ex ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, un portavoz afín al régimen, Salvador Capote, desató polémica al negar la corrupción y la represión en Cuba.

El mensaje fue publicado en Facebook bajo el título “¡La trampa está puesta! ¡No caigamos en ella!”, en un intento de blindar la versión oficial sobre el caso.

Capote, conocido por su discurso alineado con el Partido Comunista, afirmó que la investigación contra Gil fue “exhaustiva y transparente”, y defendió la labor del Ministerio del Interior (MININT) y de la Fiscalía General de la República.

“En Cuba no hay fuerzas represivas ni un sistema judicial corrupto. La integridad de nuestros oficiales está fuera de toda duda”, escribió, pese a las denuncias internacionales que apuntan a lo contrario.

La misma publicación advirtió a los ciudadanos que “no deben regalar tribuna al enemigo” ni cuestionar la transparencia del sistema judicial.

El pronunciamiento llega días después de que la Fiscalía confirmara que presentó acción penal contra Gil y varios funcionarios por delitos que incluyen espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y traición a la patria.

La institución alegó que el proceso se realizó con “todas las garantías”, aunque no ha permitido acceso público al expediente.

Para reforzar la narrativa, el régimen lanzó la campaña digital #CeroImpunidad, encabezada por figuras del oficialismo como Susely Morfa, con el fin de proyectar una imagen de “tolerancia cero” a la corrupción.

Sin embargo, el gesto es visto por muchos como un intento desesperado de controlar el relato y desviar la atención del colapso económico que el propio Gil ayudó a diseñar.

Durante años, Alejandro Gil Fernández fue considerado el “rostro económico” del castrismo. Como viceprimer ministro y titular de Economía, impulsó la fracasada “Tarea Ordenamiento”, que disparó la inflación, hundió el poder adquisitivo y agravó la escasez.

Su destitución en 2024 marcó uno de los golpes más duros al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que ahora busca presentarse como garante de la moral pública.

Mientras tanto, Laura María Gil, hija del exministro, pidió en redes sociales que el juicio sea público y televisado, recordando que la Constitución reconoce la libertad de expresión y el derecho a la defensa.

“El pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia”, escribió, cuestionando las inconsistencias del discurso oficial.

Desde España, la hermana del exfuncionario, María Victoria Gil, exconductora de la televisión estatal, confirmó que la Fiscalía pide cadena perpetua y expresó sentirse “dolida y avergonzada”.

El caso de Gil, que alguna vez fue presentado como símbolo de “eficiencia revolucionaria”, hoy evidencia la fractura interna del poder y la falta de credibilidad de un sistema judicial que ni los propios cubanos creen justo.