El miedo es evidente: régimen pide 7 años de prisión por repartir octavillas en Cienfuegos

La Fiscalía de Cuba ha solicitado penas de 6 y 7 años de prisión para Yamislan Pozo Águila, de 24 años, y Serguey Pozo Tagle, de 45, dos ciudadanos acusados de distribuir octavillas con mensajes políticos en Cienfuegos y grabar su difusión con la intención de enviarlas al extranjero.

Este caso, que se enmarca dentro de la creciente represión del gobierno castrista, avanza hacia juicio por “propaganda contra el orden constitucional”, en un escenario donde el régimen intensifica sus esfuerzos para acallar a aquellos que piensan diferente.

El arresto de los ciudadanos

El pasado 10 de febrero de 2025, en la madrugada, Pozo Águila y Pozo Tagle fueron arrestados tras esparcir panfletos en un espacio público, mientras uno de ellos filmaba la acción para enviarla a contactos fuera de la Isla.

Las octavillas promovían consignas como “Cuba Primero” y llamaban a un “mañana libre y próspero”, así como a un “Día Cero” de movilización ciudadana.

La acusación sostiene que los panfletos no incitaban a la violencia, pero aun así se consideraron un acto de subversión contra el régimen, poniendo de manifiesto el temor del gobierno cubano ante la posibilidad de un estallido social.

Represión en la Isla

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el contenido de los panfletos no representaba un llamado a la violencia ni a ataques a instituciones, sino una expresión política legítima que se enmarca dentro del derecho de libertad de expresión, protegido tanto por la Constitución cubana como por normas internacionales.

A pesar de esto, la Fiscalía considera las octavillas una amenaza para el orden constitucional, criminalizando una simple manifestación de pensamiento político.

Este caso se suma a muchos otros que dejan en evidencia la represión sostenida que el OCDH ha documentado, con 198 incidentes de violaciones de derechos civiles y políticos en octubre de 2025, solo en la provincia de La Habana, entre los que se incluyen 29 detenciones arbitrarias y 169 abusos.

Desde enero, el número de incidentes relacionados con la restricción de derechos políticos en Cuba ha ascendido a 2.660, lo que refleja una creciente intolerancia ante cualquier forma de protesta pacífica.

Castigo por pensar diferente

En un contexto donde el régimen castrista sigue aferrándose al control absoluto, incluso las acciones más simbólicas de oposición, como el simple toque de cacerolas, se han convertido en blanco de la represión, con condenas de 5 y 6 años para seis personas acusadas de realizar esta forma de protesta pacífica.

El caso de Pozo Águila y Pozo Tagle se presenta como un termómetro del umbral de tolerancia del sistema penal cubano frente a la protesta pacífica. El gobierno, temeroso de cualquier acto que pueda desencadenar un levantamiento, ha intensificado la persecución a aquellos que, sin recurrir a la violencia, simplemente se atreven a cuestionar el statu quo.

Por su parte, las organizaciones de derechos humanos, como el OCDH, insisten en que las acciones de los acusados no representan una amenaza real para el orden social y que la respuesta del Estado es una clara violación a los principios fundamentales de legalidad y libertad de expresión.

La Cuba de hoy, bajo el mando de la administración del designado presidente Miguel Díaz-Canel, sigue siendo un Estado donde la represión política es el pan de cada día, donde cualquier pisca de libertad de expresión se encuentra en la mira del sistema judicial.