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Hija de cubano “criminal” deportado a África desmiente versión de EEUU

Afirma que su padre es un buen hombre, cuyo único arresto se dio cuando tenía 18 años y desde entonces trabaja honradamente, pide justicia

El cubano Roberto Mosquera del Peral, de 58 años, fue deportado en julio de Estados Unidos a Esuatini, un pequeño reino del sur de África, y ahora su hija pide explicaciones al gobierno estadounidense, desmintiendo la versión que han dado de su padre.

Mosquera fue expulsado de EEUU en un operativo que evidencia los excesos y violaciones de derechos humanos cometidos bajo las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Desde entonces, permanece recluido en una prisión de máxima seguridad, sin cargos formales, sin acceso a un abogado y con su salud deteriorándose por una huelga de hambre que mantiene en protesta por su detención, que se hizo con la excusa de que se trata de un criminal peligroso.

Su hija, Mónica Mosquera, denunció públicamente que su padre fue tratado como un criminal de máxima seguridad sin que existiera base real para ello.

“No es verdad lo que dicen de él. Es un buen hombre”, declaró a Univisión, desmintiendo las acusaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que aseguró que el cubano era miembro de la pandilla Latin Kings y tenía condenas por homicidio y agresión agravada.

Según Mónica, su padre estuvo implicado en un altercado entre pandillas hace más de dos décadas, cuando tenía solo 18 años, pero cumplió su condena y reconstruyó su vida familiar en EEUU al salir de la cárcel, dedicándose a trabajar honradamente.

El caso ha generado indignación entre activistas y abogados de inmigración, quienes sostienen que Mosquera fue víctima de una deportación irregular, enmarcada en el programa de expulsiones a terceros países implementado por el gobierno de Trump.

Este mecanismo —cuestionado por organismos internacionales— permitió enviar a migrantes a naciones sin vínculos con ellos, incluso sin garantías jurídicas ni consulares, algunas de estas naciones en África, en donde corren graves riesgos de salud y hasta de muerte al ser enviados sin protección.

Estas deportaciones son parte de una política de “mano dura” que en realidad se tradujo en redadas indiscriminadas, arrestos violentos y deportaciones exprés, muchas veces ejecutadas sin aviso ni oportunidad de defensa.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpen en viviendas o centros de trabajo, deteniendo a personas sin antecedentes o confundiendo a ciudadanos estadounidenses por su apariencia o acento.

Diversas organizaciones denunciaron que los detenidos son mantenidos incomunicados y deportados antes de poder hablar con sus familiares o abogados.

Mosquera: el cubano que apoyó a Trump y ahora pelea por su vida en África

El caso de Mosquera ilustra las consecuencias humanas de estas prácticas. Su abogada en EEUU, Alma David, advirtió que su cliente lleva más de tres meses preso en Esuatini y que su estado físico es alarmante.

En un comunicado citado por The Associated Press, señaló que el cubano se encuentra en huelga de hambre y exige atención médica y acceso a su defensa legal.

Las autoridades del país africano han evitado pronunciarse, y un portavoz gubernamental remitió las consultas a las autoridades penitenciarias, que no respondieron.

Mosquera fue deportado junto a otros cuatro hombres procedentes de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen. Mientras el jamaicano ya fue repatriado, los demás continúan encarcelados en la prisión de Matsapha, cerca de Mbabane, la capital.

Un abogado local presentó una demanda ante los tribunales de Esuatini para que los extranjeros reciban asistencia legal, mientras organizaciones civiles denuncian que su reclusión carece de fundamento jurídico.

Para la familia Mosquera, la deportación ha sido una tragedia inesperada. Mónica afirma sentirse traicionada, pues su padre incluso llegó a expresar simpatías por el presidente Trump en redes sociales, convencido de que su gobierno representaba la “ley y el orden”.

Hoy, ese mismo aparato que él defendió lo mantiene aislado en una cárcel a miles de kilómetros, sin derecho a explicarse, como ha ocurrido con miles de cubanos en esta administración.

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