Vecinos denuncian casi 20 días sin luz ni agua potable en Matanzas
Niños y ancianos están en riesgo por las condiciones sanitarias, pero las autoridades no aparecen, aunque la situación ya se reportó
Un edificio de 40 apartamentos en el reparto El Naranjal, en Matanzas, lleva 17 días consecutivos sin electricidad ni suministro de agua, sin que las autoridades locales hayan ofrecido una solución o siquiera se hayan presentado en el lugar.
La situación afecta a ancianos, niños y personas enfermas, según denunció la académica y activista cubana Alina Bárbara López, en sus redes sociales.
La emergencia salió a la luz luego de que López difundiera en sus redes sociales la queja realizada inicialmente por la residente Lilian Borroto López, quien alertó sobre las condiciones de los vecinos que viven en la calle 338 entre 117 y 119.
Allí un transformador averiado dejó sin servicios básicos a decenas de familias. Según ambas mujeres, el edificio completo se encuentra en estado crítico mientras las instituciones responsables permanecen ausentes.
López explicó que, aunque suele concentrarse en temas políticos, la magnitud de lo que ocurre la llevó a denunciar públicamente la situación. Recordó que el país atraviesa una epidemia, un contexto de desabastecimiento severo y apagones cada vez más prolongados, y que este caso expone cómo los problemas cotidianos se vuelven insostenibles.
“Mañana se cumplirán 17 días sin corriente, sin agua, sin posibilidad de cocinar, con ropa acumulada y viviendas sin condiciones mínimas de higiene”, escribió la académica al compartir la denuncia.
Los testimonios recogidos señalan que los residentes viven prácticamente a expensas de la solidaridad entre vecinos. Según López, las personas del edificio se han visto obligadas a desplazarse con ollas eléctricas, ventiladores recargables y teléfonos móviles para cargarlos en casas ajenas o en viviendas del otro lado de la calle.
En el inmueble residen adultos mayores solos, menores de edad y personas convalecientes, lo que incrementa el impacto humanitario de la falta de servicios.
Por su parte, la publicación original de Lilian Borroto detalló que los vecinos ya sabían que la reparación del transformador podía demorar debido a la falta de piezas de repuesto en el país, pero aun así esperaban algún gesto de las autoridades.
A pesar de las promesas de una “respuesta urgente”, ni el delegado de la circunscripción, ni funcionarios del gobierno municipal, ni representantes del sector eléctrico han acudido al sitio: “Estas son las santas horas, después de 16 días, y aquí no ha venido NADIE”, denunció.
Los residentes solicitaron pipas de agua, combustible para cocinar y una evaluación del estado de salud de los adultos mayores, pero no han recibido ningún tipo de asistencia. Intentaron gestionar una solución acudiendo el viernes al gobierno local, donde fueron atendidos “con amabilidad”, pero sin resultados concretos.
Ante la falta de acción, un grupo de vecinos volverá a presentarse en las oficinas municipales, esta vez acompañados por Alina Bárbara López, con la determinación de que algún funcionario los acompañe al edificio para constatar la gravedad de la situación. “No regresaremos sin una solución. Nuestra paciencia ha sido enorme”, afirmó.
El caso ocurre en medio de un escenario nacional marcado por la crisis energética, donde comunidades de varias provincias han permanecido semanas sin electricidad tras el paso del huracán Melissa —especialmente en el oriente del país—, sin que el Estado provea alternativas reales.
Medios como Asere Noticias han documentado retrasos en la recuperación eléctrica, incumplimiento de cronogramas oficiales y la ausencia de apoyo material para damnificados, a quienes se les pide “resistencia y comprensión” mientras continúan viviendo en condiciones precarias.
La situación de El Naranjal resume el deterioro de los servicios públicos en Cuba y la incapacidad institucional para responder ante necesidades básicas. El acceso a electricidad y agua potable es un derecho esencial, más aún cuando viven personas vulnerables.
Sin embargo, los residentes llevan más de dos semanas dependiendo únicamente de la solidaridad comunitaria, mientras esperan que el Estado, responsable directo del suministro, asuma finalmente su obligación.
