DeSantis ordena extender el estado de emergencia migratoria en Florida
Durante este período, se han organizado operativos en zonas costeras, reforzado la vigilancia en la frontera
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó recientemente la renovación por otros 60 días del estado de emergencia migratoria, instaurado originalmente el 6 de enero de 2023.
La orden ejecutiva, conocida como Orden 23-03, ha sido extendida en 18 ocasiones, y esta nueva prórroga marca casi dos años de un flujo migratorio que, según el gobierno estatal, sigue afectando gravemente los recursos locales.
A pesar de la falta de nuevos datos que respalden esta afirmación, DeSantis mantiene que las condiciones que originaron la emergencia persisten y requieren una respuesta urgente.
Estado de emergencia: poderes ampliados
La Ley de Manejo de Emergencias de Florida otorga al gobernador amplias facultades en tiempos de crisis.
En el actual contexto migratorio, estas facultades han permitido que el Ejecutivo agilice procedimientos administrativos, suspenda regulaciones, reasigne fondos estatales y active personal o cree instalaciones temporales, entre otras acciones.
Durante este período, se han organizado operativos en zonas costeras, reforzado la vigilancia en la frontera y creado centros de detención, como los polémicos “Alligator Alcatraz” y “Deportation Depot”.
Críticas y oposición política
El uso prolongado del estado de emergencia ha generado un fuerte rechazo por parte de la oposición demócrata.
Legisladores como Fentrice Driskell, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, acusaron a DeSantis de politizar la crisis migratoria, mientras que otros, como la senadora Lori Berman, criticaron la falta de rendición de cuentas y supervisión en la gestión de los fondos destinados a las operaciones migratorias.
La oposición también presentó propuestas concretas para limitar el poder del gobernador, como la creación de una base de datos estatal para el control de detenciones y deportaciones.
La política migratoria en Florida
Para el gobierno de DeSantis, la emergencia migratoria sigue siendo una prioridad, especialmente ante lo que consideran una falta de cumplimiento de las leyes migratorias a nivel federal. Sin embargo, la persistente extensión de la emergencia sin un control legislativo ha aumentado las tensiones políticas dentro del estado.
La falta de transparencia sobre el uso de los fondos públicos y los resultados tangibles de las políticas implementadas continúan siendo puntos de conflicto. El debate se traslada ahora al ámbito legislativo, donde la batalla por la extensión o limitación de los poderes del gobernador se perfila como uno de los temas clave en el nuevo período legislativo.
