La cubana Lubby Navarro, exintegrante de la Junta Escolar de Miami-Dade y antigua vicepresidenta de ese órgano, se declaró culpable este martes de hurto mayor en tercer grado por desviar más de 100.000 dólares del distrito escolar para gastos personales en Miami-Dade.
Como parte del acuerdo con la fiscalía, recibió una condena de 14 meses de cárcel, seguida de tres años de libertad condicional, el pago de más de 101.000 dólares en restitución y la prohibición de ocupar cargos públicos mientras permanezca bajo supervisión.
Durante la audiencia, Navarro ofreció disculpas dirigidas al sistema escolar.
“Quiero comenzar pidiendo disculpas a los niños de las escuelas públicas de Miami-Dade”, expresó ante la corte.
Con esa admisión, la exfuncionaria asumió responsabilidad penal en un caso que dejó al descubierto el uso de dinero público para fines privados.
El destino del dinero robado
Según la investigación, Navarro empleó tarjetas de crédito del distrito en una cadena de compras no autorizadas antes de dejar su puesto. Los fiscales sostienen que más de 92.000 dólares terminaron en comercios como Walmart, Apple, Amazon, Gucci y BrandsMart, en adquisiciones ajenas a cualquier función institucional.
El expediente detalla compras de electrodomésticos, equipos electrónicos, ropa, muebles, alimentos, artículos para el hogar, productos de salud y belleza, además de tarjetas de regalo. La acusación sostiene que esos gastos no tenían vínculo con sus responsabilidades como representante del Distrito 7.
A eso se sumaron más de 9.000 dólares en viajes. La fiscalía señaló que esos desembolsos cubrieron boletos aéreos, hospedajes, alquiler de autos y comidas. Las autoridades también afirman que parte del dinero financió viajes a República Dominicana, Las Vegas y Disney World para familiares y personas cercanas.
El derrumbe de una figura pública en Miami-Dade
La caída de Navarro también golpea la imagen que había construido durante años. En 2022 fue elegida presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, que entonces la presentó como nacida en La Habana, residente en Miami desde hacía más de 35 años y con más de siete años en la Junta Escolar.
Ese ascenso estuvo ligado al discurso del servicio público y de la representación latina. Por eso, el impacto del caso rebasa lo penal.
Antes del acuerdo, enfrentaba varios cargos de fraude organizado y hurto en un proceso que debía llegar a juicio este abril. La fiscalía sostenía, además, que intentó encubrir parte del esquema mediante la alteración de recibos y justificaciones entregadas al personal administrativo del distrito.
