Mipyme de Sancti Spíritus bajo la lupa por compras millonarias en Hialeah
De acuerdo con una investigación independiente, la empresa abastece a varias embajadas en La Habana
Una investigación realizada por el medio independiente Diario de Cuba reveló presuntas operaciones por 657.300.000 dólares entre la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) privada Landservi SURL, ubicada en Sancti Spíritus, y la agencia DVA Multiservices4 Corp, con sede en Hialeah.
Estas transacciones habrían sido hechas para abastecer a 21 embajadas extranjeras en La Habana mediante una licencia de exportación concedida en Estados Unidos.
El permiso, identificado como D1351364, fue otorgado por el Buró de Industria y Seguridad (BIS), entidad adscrita al Departamento de Comercio. La autorización cubrió transacciones desde el 27 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026, de acuerdo con el documento citado por el medio.
Operaciones millonarias entre Hialeah y Sancti Spíritus
DVA Multiservices4 Corp opera en el sur de Florida y ofrece servicios vinculados a Cuba, entre ellos envíos, recargas telefónicas, renta de autos, hoteles y trámites migratorios. Según la información disponible, la empresa fue creada en 2021 por Ober Valdés Pérez y dirige parte de su actividad comercial a emigrados cubanos.
La investigación recalcó que, pese a mantener durante años presencia activa en redes sociales, la compañía dejó de publicar en Facebook e Instagram desde septiembre de 2025.
Landservi SURL, por su parte, se presenta como una MIPYME dedicada al comercio mayorista y a la distribución de productos importados y nacionales. En su sitio web afirma que cuenta con almacenes en la zona de naves estatales conocida como El Chambelón, en Sancti Spíritus.
Embajadas bajo sospecha
El documento citado indica que las compras gestionadas por DVA Multiservices para Landservi tenían como destino sedes diplomáticas de España, Turquía, Catar, Sri Lanka, Honduras, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Argentina, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Guyana, México, Brasil, Chile, Bolivia, Panamá, Barbados, Bahamas y Costa Rica.
La operación resulta llamativa porque Landservi no exhibe una infraestructura conocida en La Habana ni se han identificado intermediarios que expliquen cómo una empresa privada espirituana podría abastecer de forma regular a tantas representaciones diplomáticas.
También genera interrogantes que esas embajadas acudieran a una firma de Hialeah y a una MIPYME de Sancti Spíritus para compras que, en teoría, podrían tramitar mediante canales propios o proveedores de sus países.
Entre los bienes autorizados figuran partidas de alto valor: 20.000.000 de dólares en carnes congeladas, 20.000.000 en bebidas alcohólicas, 90.000.000 en televisores de pantalla plana, 180.000.000 en electrodomésticos de cocina, 70.000.000 en aires acondicionados y 50.000.000 en plantas eléctricas. También aparecen 14.000.000 en bicicletas, 800.000 en 20 vehículos, 3.000.000 en herramientas, 4.000.000 en café y té, y 1.500.000 en comida para bebés.
Falta de transparencia sobre el destino final
Hasta el cierre del reporte original, 19 embajadas consultadas por el Diario de Cuba no habían respondido preguntas sobre sus vínculos con DVA Multiservices y Landservi.
La propia existencia formal de Landservi presenta inconsistencias. Una publicación de Facebook de diciembre de 2023 indicó que la empresa había sido fundada cuatro meses antes, pero no aparecía en el listado de nuevos actores económicos aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación hasta el 9 de mayo de 2024.
Tampoco habría constancia de esa MIPYME en el directorio de empresas no estatales aprobadas en Sancti Spíritus. Aun así, la entidad fue presentada por la televisión estatal cubana en un reporte sobre un donativo coordinado con la Asamblea Municipal del Poder Popular.
El caso recuerda a MIKA S.R.L., una MIPYME habanera registrada en actividades vinculadas a la madera que, según reportes previos, realizó compras superiores a 2.000 millones de dólares destinadas a entidades estatales.
La interrogante central es si estas licencias estarían facilitando mecanismos indirectos de abastecimiento al régimen cubano, bajo una estructura privada y con escasa rendición de cuentas.
