El gobierno castrista publicó el lunes en la Gaceta Oficial la relación nominal de los 2.010 sancionados beneficiados con el indulto firmado por Miguel Díaz-Canel el 3 de abril en La Habana.
La medida fue anunciada durante la Semana Santa y presentada por el régimen como un acto “humanitario”, pero el hecho de que se diera a conocer la noticia poco después de reconocer conversaciones con EEUU, llevó a muchos a pensar que se trató de una “ofrenda” de paz por parte del régimen.
La divulgación tardía del listado impidió conocer durante casi dos meses quiénes saldrían de prisión y bajo qué expedientes judiciales.
La información aparece en la Gaceta Oficial No. 11 Extraordinaria Especial de 2026, un documento de 100 páginas que incluye nombres, apellidos y causas de los reclusos incorporados al beneficio penal.
“En gesto humanitario y soberano, como práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal, y en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, se acordó indultar a un grupo de sancionados, en atención a las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena”, señala el texto oficial.
2.010 indultados en Cuba
Aunque el decreto fue firmado el 3 de abril en el Palacio de la Revolución, la lista completa no se hizo pública hasta finales de mayo.
Esa demora limitó el escrutinio independiente sobre el alcance real de la medida, especialmente en un país donde el sistema judicial responde a los intereses políticos del Partido Comunista.
Uno de los datos más relevantes del documento es la inclusión de 95 personas con expedientes asociados a la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Esa instancia suele procesar casos relacionados con activismo, disidencia, oposición política y hechos considerados sensibles por las autoridades.
Casos de Seguridad del Estado aparecen en la lista
La presencia de esos 95 expedientes contradice parte del relato oficial difundido el 2 de abril, cuando el gobierno presentó el indulto como una decisión centrada en presos comunes.
En ese anuncio, las autoridades afirmaron que quedarían fuera los sancionados por delitos graves, reincidentes, multirreincidentes y por “delitos contra la autoridad”, una figura usada con frecuencia contra manifestantes y opositores.
El Decreto Presidencial 1212 se ampara en el Artículo 128 de la Constitución, la Ley de Indultos de 1919 y el Decreto-Ley 18 de 1978. Su ejecución queda en manos del presidente del Tribunal Supremo Popular y de los ministros del Interior y de Justicia.
El listado también incluye causas tramitadas en tribunales militares de La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos, Holguín, Villa Clara y Mayabeque, además de órganos municipales y provinciales del resto del país.
Organizaciones cuestionan el alcance del indulto
Desde el anuncio inicial, activistas y entidades de derechos humanos denunciaron el carácter limitado de la decisión. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió la liberación de todos los presos políticos y calificó los avances como “pobres”.
Prisoners Defenders, que registraba 1.214 presos políticos en Cuba a finales de febrero de 2026, expresó dudas sobre la seriedad de la medida, aunque señaló que cualquier excarcelación de presos políticos sería positiva para ellos y sus familias. El senador estadounidense Rick Scott también criticó el indulto por dejar fuera a presos políticos, según reportes de prensa.
Este es el segundo indulto concedido en Cuba en 2026 y el quinto desde 2011. El régimen afirma haber beneficiado a más de 11.000 personas mediante procesos similares. Entre los antecedentes figuran los indultos de 2019, con 2.604 reclusos, y de 2016, con 787.
Tres ciudadanos estadounidenses detenidos por delitos comunes también fueron excarcelados, de acuerdo con información divulgada por el periodista Mario J. Pentón, de Martí Noticias. Según su reporte, no cumplían condenas por razones políticas.
