Estados Unidos impuso este jueves 4 de junio de 2026 nuevas sanciones contra Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta, su hijastro Manuel Anido Cuesta y figuras vinculadas a la familia Castro, como parte de una ofensiva de la administración Trump para aumentar la presión financiera y política sobre la cúpula del régimen cubano.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro, e incluye la incorporación de los sancionados a la lista de Nacionales Especialmente Designados.
En la práctica, cualquier bien bajo jurisdicción estadounidense queda bloqueado y se restringen operaciones con personas o entidades de Estados Unidos.
Nuevas sanciones desde la administración de Trump
El paquete apunta al entorno familiar y político del gobernante cubano. Además de Díaz-Canel, Washington incluyó a Lis Cuesta Peraza y a Manuel Anido Cuesta, hijo de Cuesta e hijastro del dirigente designado por el Partido Comunista.
También fueron señalados Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, y Raúl Alejandro Castro Calis, vinculado a Castro Espín. Con estas designaciones, la Casa Blanca amplía el alcance de su ofensiva hacia nombres asociados al núcleo histórico del poder en Cuba.
La administración Trump sostiene que estas personas forman parte de una estructura que sostiene al régimen y contribuye a acciones consideradas contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido una línea dura contra La Habana y contra los aparatos políticos, militares y económicos que mantienen el control interno en la Isla.
⚠️⚠️Nueva ronda de sanciones contra miembros del círculo familiar más cercano al poder en Cuba
Entre los sancionados figuran:
▪️ Lis Cuesta Peraza, esposa de Miguel Díaz-Canel.
▪️ Manuel Anido Cuesta, hijastro de Díaz-Canel.
▪️ Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y uno… pic.twitter.com/5LsnZsEPP1— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) June 4, 2026
MINFAR, CDR e ICAP entran en la lista negra
Las sanciones no se limitaron a funcionarios o familiares. Washington también incluyó al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a los Comités de Defensa de la Revolución, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, a la agencia de viajes Amistur Cuba S.A. y a la minera estatal La Victoria S.A.
La presencia del MINFAR en la lista refuerza el señalamiento contra el aparato militar, que durante décadas ha administrado sectores clave de la economía cubana. Los CDR, por su parte, han sido identificados por críticos y opositores como una red de vigilancia social utilizada para sostener el control político en barrios y comunidades.
La inclusión de Amistur y La Victoria S.A. muestra que el castigo también busca afectar áreas vinculadas al turismo, la captación de divisas y la explotación de recursos. Esto amplía el costo operativo para estructuras estatales y para terceros que mantengan relaciones con entidades sancionadas.
Washington aumenta la presión sobre La Habana
La nueva ofensiva ocurre después de medidas previas contra GAESA, conglomerado militar señalado por su peso en la economía cubana. Para Washington, ese entramado empresarial permite al régimen controlar divisas, financiar su aparato de seguridad y preservar privilegios mientras la población enfrenta escasez, apagones y deterioro de servicios básicos.
La respuesta de La Habana previsiblemente seguirá la línea de denuncia contra Estados Unidos. Sin embargo, las sanciones colocan a la élite castrista bajo un mayor cerco financiero y exhiben el peso que Washington atribuye al círculo familiar, militar y empresarial que sostiene al sistema cubano.
