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EEUU sanciona a Cupet en duro golpe para la importación de combustible desde EEUU

Estados Unidos sancionó a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), una medida que congela sus activos en territorio estadounidense y prohĆ­be negocios con ciudadanos y entidades de ese paĆ­s. La decisión, anunciada por el secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, golpea el sistema energĆ©tico controlado por el rĆ©gimen comunista y podrĆ­a afectar las importaciones […]

Estados Unidos sancionó a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), una medida que congela sus activos en territorio estadounidense y prohíbe negocios con ciudadanos y entidades de ese país.

La decisión, anunciada por el secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, golpea el sistema energético controlado por el régimen comunista y podría afectar las importaciones de combustible en isotanques destinadas a Mipymes privadas en la isla.

Rubio informó que CUPET fue sancionada bajo las directrices de la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump. Según el funcionario, la medida busca limitar la capacidad del régimen cubano para usar el comercio energético como instrumento de control político, represión interna y beneficio económico de sus élites.

El secretario de Estado acusó a las autoridades comunistas de Cuba de convertir la energĆ­a en ā€œun arma de control social y lucro cleptocrĆ”ticoā€.

También señaló que, durante décadas, el régimen ha acaparado combustible para el uso de dirigentes, fuerzas de seguridad, hoteles turísticos y actos políticos, mientras la población enfrenta apagones y largas esperas para acceder a gasolina.

La sanción forma parte de una estrategia mÔs amplia de Washington contra estructuras estatales cubanas. En meses recientes, Estados Unidos también aplicó medidas contra funcionarios y entidades vinculadas al gobierno de La Habana, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel.

El impacto de la sanción no se limita a CUPET como empresa estatal. El problema central estÔ en el papel obligatorio que esa entidad desempeña en la recepción de combustible que entra a Cuba, incluso cuando el producto es importado por Mipymes privadas desde Estados Unidos mediante isotanques ISO.

Según el mecanismo actual que exige el gobierno cubano, CUPET actúa como depositaria desde la entrada del combustible al país. Las mipymes no reciben directamente el producto, sino que deben utilizar la infraestructura estatal para su recepción, almacenamiento, custodia, conservación y entrega.

Por ese servicio, CUPET cobra 0.0529 dólares por litro, pagados por adelantado. Luego, Cimex añade 0.0600 dólares por litro por recepción, almacenamiento y despacho en servicentros. Finalmente, Fincimex obliga a utilizar tarjetas magnéticas prepagadas, con una comisión de cuatro dólares, para consumir el combustible.

Este esquema coloca a CUPET como intermediaria inevitable. Aunque las mipymes conservan la propiedad del producto importado, el Estado cubano controla la operación logística, financiera y comercial. Con la sanción estadounidense, cualquier transacción que implique negocios con CUPET queda bajo riesgo legal.

Los contratos filtrados por el influencer Darwin Santana hace varias semanas muestran que el margen de control estatal incluye incluso las pƩrdidas.

Cimex permite una variación de hasta el 1% del volumen, equivalente a 240 litros por un isotanque de 24,000 litros. La mipyme acepta esa merma sin responsabilidad estatal directa, mientras CUPET tampoco responde por pérdidas naturales durante el almacenamiento.

El escenario mÔs probable, si no se crea una excepción, es que las importaciones por isotanques se detengan o queden paralizadas hasta que Washington y los operadores privados encuentren un mecanismo alternativo.

Una licencia especial para CUPET o una excepción limitada a la recepción de combustible para mipymes aparece como una posibilidad, aunque no estÔ garantizada.

La sanción deja expuesta una contradicción del modelo cubano: las mipymes pueden importar combustible, pero no tienen autonomía real para recibirlo, custodiarlo ni distribuirlo.

En la prƔctica, el gobierno conserva el control del recurso y cobra por manipular un producto que no le pertenece, en medio de una crisis energƩtica marcada por apagones, escasez y deterioro del transporte.

 

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