El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó el 25 de junio que los médicos cubanos desplegados en Venezuela se encuentran fuera de peligro tras los dos potentes terremotos que golpearon ese país.
El titular del organismo, José Ángel Portal Miranda, contactó de inmediato con la dirección de la misión médica, que aseguró haber intercambiado con los equipos ubicados en los 24 estados venezolanos para verificar su situación y movilizarlos hacia las labores asistenciales.
Según la nota oficial, numerosos profesionales cubanos se incorporaron desde los primeros momentos a la atención de la población afectada.
El comunicado presentó esa respuesta como una muestra del compromiso de la misión con la salud y el bienestar del pueblo venezolano, en medio de una emergencia que ha dejado al menos 164 fallecidos y 971 heridos, de acuerdo con el balance divulgado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.
Los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros, mientras familiares intentan localizar a personas con las que perdieron contacto después de los sismos.
Una plataforma ciudadana denominada Desaparecidos Terremoto Venezuela registraba hasta la mañana del jueves 30.910 reportes. De ese total, 29.321 personas seguían sin contacto y 1.589 habían sido localizadas a salvo, según las cifras publicadas por el propio portal.
El terremoto también volvió a colocar bajo escrutinio la presencia de miles de trabajadores cubanos de la salud en Venezuela. Aunque La Habana confirmó que sus colaboradores están a salvo, no precisó cuántos permanecen actualmente en el país, cuánto recibe el Estado cubano por sus servicios ni qué proporción de esos ingresos llega a los médicos y demás profesionales enviados bajo los acuerdos bilaterales.
La referencia oficial más sólida disponible corresponde a julio de 2025, cuando medios estatales cubanos situaron en 12.930 el número de colaboradores presentes en Venezuela.
Fuentes independientes estimaron en enero de 2026 que entre 13.000 y 14.000 cubanos seguían vinculados a las misiones médicas, aunque también informaron sobre una posible repatriación parcial de unos 200 trabajadores. El Gobierno no ha publicado después un balance completo y actualizado.
El esquema opera mediante contratos entre gobiernos. Venezuela paga a Cuba por los servicios y las autoridades de La Habana centralizan los ingresos antes de entregar una parte al personal.
Reportes periodísticos han situado el valor cobrado entre 200.000 y 220.000 dólares anuales por cada profesional o por paquetes de prestaciones asociados, aunque los montos cambian según el período, el acuerdo y la fuente consultada.
Los testimonios disponibles indican que los profesionales reciben solo una fracción del dinero facturado por el Estado. Algunas fuentes mencionan pagos mensuales de entre 500 y 600 dólares en determinados momentos, mientras otras describen estipendios cercanos a 230 dólares o sumas destinadas apenas a cubrir alimentación y transporte.
Un informe citado por Martí Noticias calculó que Cuba retiene aproximadamente el 75% del salario generado por estas misiones.
Las sanciones y presiones de Washington han elevado el costo político del programa, pero no lo han eliminado. El acuerdo depende de la relación entre Caracas y La Habana, no solo de las decisiones de Estados Unidos.
Para Venezuela representa apoyo sanitario y un instrumento político; para el Gobierno cubano constituye una fuente de divisas, además de un mecanismo de control sobre miles de trabajadores enviados al exterior.
