Uber comenzó a aplicar el 29 de junio de 2026 una política de verificación de antecedentes más estricta en Estados Unidos. La medida afecta a nuevos solicitantes y a conductores activos de Uber y Uber Eats. El cambio busca reforzar la seguridad, pero también amenaza los ingresos de miles de cubanos y latinoamericanos que trabajan con estas aplicaciones en Miami y otras ciudades de Florida.
La principal modificación amplía de forma considerable el período bajo revisión. La empresa podrá examinar hasta 99 años de historial criminal mediante el número de Seguro Social y registros judiciales de los estados donde haya vivido cada trabajador. Antes, en numerosas jurisdicciones, las verificaciones se limitaban a los últimos siete años de residencia.
Ese sistema podía dejar fuera condenas antiguas o delitos registrados en otros estados. Con las nuevas reglas, antecedentes que no aparecieron durante una aprobación anterior podrían surgir en la revisión anual y provocar la desactivación de una cuenta que llevaba años operando sin incidentes.
Uber también amplió la lista de delitos que pueden causar una exclusión permanente. Entre ellos figuran homicidio, secuestro, terrorismo, delitos sexuales, robo a mano armada, agresión agravada, incendio provocado, abuso infantil, negligencia de menores, acoso persistente y estrangulamiento. En los casos más graves, la antigüedad de la condena no evitará la expulsión.
La nueva política tendrá un impacto especial en Miami, Hialeah, Doral, Fort Lauderdale, West Palm Beach y Orlando, donde numerosos inmigrantes dependen de Uber como fuente principal o complementaria de ingresos. Aeropuertos, puertos, hoteles, eventos y zonas turísticas generan una demanda constante.
Los conductores activos también estarán sujetos a los nuevos criterios durante sus comprobaciones anuales. Una persona aprobada bajo las reglas anteriores podría perder el acceso si aparece un antecedente incompatible con la política actual, incluso cuando no haya recibido reportes recientes por su desempeño.
Para reducir el riesgo, los trabajadores deben revisar los mensajes de Uber y completar a tiempo cualquier solicitud de verificación. También conviene solicitar una copia de sus antecedentes para identificar nombres incorrectos, casos atribuidos a otra persona, cargos retirados o datos judiciales desactualizados.
Quienes hayan enfrentado un proceso penal deberían conservar sentencias, pruebas de rehabilitación, documentos de desestimación y cualquier expediente que aclare el resultado del caso. Esa información podría ser necesaria para disputar una suspensión basada en errores, aunque Uber todavía no ha explicado con precisión cómo funcionará la apelación.
También resulta clave mantener actualizados el nombre legal, la dirección, la licencia de conducir, el Seguro Social y los documentos migratorios o laborales registrados en la aplicación. Las diferencias entre esos datos pueden retrasar la revisión o generar alertas durante la comprobación.
Uber contempla una excepción limitada para unos 2.000 conductores de larga trayectoria con condenas de más de 15 años, siempre que no estén relacionadas con delitos sexuales y que hayan mantenido un historial limpio. Aun así, conviene activar cuentas en otras plataformas y crear un fondo de emergencia para no depender de una sola fuente de ingresos.
