Estados Unidos hará permanente el programa que exige a ciudadanos de unos 50 países, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua, depositar una fianza para solicitar determinadas visas de turismo o negocios.
La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, entrará en vigor como norma definitiva este lunes y permitirá exigir hasta 20,000 dólares por solicitante.
El Departamento de Estado publicó este viernes el borrador del aviso en el Registro Federal. El programa, que funcionaba hasta ahora como una prueba, afecta a quienes solicitan visas B-1/B-2, utilizadas para viajes turísticos, visitas familiares y actividades comerciales. Washington también advirtió que podría incorporar nuevos países a la lista.
Cubanos podrían enfrentar fianzas de hasta $20,000
La nueva normativa elimina la fianza mínima de 5,000 dólares establecida durante la fase piloto. A partir de ahora, los funcionarios consulares podrán fijar depósitos de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares, dependiendo de las circunstancias de cada solicitante. El máximo permitido aumenta así desde los 15,000 dólares anteriores.
Los fondos serán administrados por los departamentos del Tesoro y de Estado. Según las reglas anunciadas, el dinero será devuelto si la visa es rechazada o cuando el visitante cumpla las condiciones de su permiso y abandone Estados Unidos antes de vencer el periodo autorizado de estancia.
Además de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el programa incluye a Granada y a países africanos como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda. El Gobierno estadounidense sostiene que la selección se basa en los índices de viajeros que permanecen en territorio nacional después de expirar sus permisos.
Administración Trump busca frenar estadías irregulares
La administración Trump presenta la medida como una herramienta para reducir la inmigración irregular y desincentivar que los visitantes permanezcan en Estados Unidos más tiempo del permitido. De acuerdo con el argumento oficial, procesar la detención y deportación de una persona puede representar un gasto cercano a 18,000 dólares.
Funcionarios del Departamento de Estado calificaron el programa piloto como un “gran éxito”. Según los datos citados por el Gobierno, durante 2024 casi 45,500 visitantes procedentes de los aproximadamente 50 países afectados permanecieron más tiempo del autorizado en sus visas.
Washington asegura que durante los primeros 10 meses de aplicación del programa piloto los casos de permanencia irregular entre quienes estuvieron sujetos a la fianza se redujeron a menos de 50. Las autoridades utilizan esas cifras para justificar la conversión del mecanismo experimental en una política permanente.
Caen las visas concedidas en los países afectados
El impacto también se ha reflejado en el número de solicitudes. El Departamento de Estado calculó inicialmente que unas 2,000 personas tendrían que depositar la garantía económica, pero finalmente la cifra se acercó a 20,000. Casi la mitad de los afectados decidió no continuar con el proceso.
Las visas de turismo y negocios concedidas en los países incluidos en el programa disminuyeron un 83%, según los datos divulgados. Organizaciones defensoras de los migrantes cuestionan la política porque consideran que crea una barrera económica para las vías legales de entrada y perjudica especialmente a personas de países de bajos ingresos que desean visitar familiares o acceder a oportunidades educativas y comerciales.
