Una ofensiva administrativa presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) cuestiona la aplicación de la Ley de Nietos y el contrato utilizado para reforzar con trabajadores del Grupo Palco el Consulado General de España en La Habana.
Las reclamaciones podrían repercutir en la velocidad de unos 350.000 trámites vinculados a la normativa en Cuba, aunque ninguna autoridad ha ordenado detener los expedientes ni invalidar nacionalidades ya concedidas.
La organización ha solicitado revisar las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que determinaron quiénes podían acogerse a la legislación. Según la información publicada por el periodista Marcos Ondarra en The Objective, la ARVH considera que la interpretación gubernamental amplió el alcance aprobado originalmente por el Parlamento español.
Cuestionan la interpretación aplicada a la Ley de Nietos
La asociación sostiene que la norma estaba concebida principalmente para descendientes de españoles que abandonaron el país por motivos políticos, ideológicos o religiosos. Sin embargo, la instrucción del 25 de octubre de 2022 permitió también acogerse a hijos y nietos de personas originariamente españolas, incluidos descendientes de emigrantes que salieron por razones económicas.
La modificación introducida en noviembre de 2024 abordó otro aspecto del proceso. Permitió que quienes solicitaran una cita telemática dentro del plazo establecido pudieran entregar su documentación después. La reclamación de la ARVH no elimina esas disposiciones de manera automática, ya que una suspensión tendría que ser ordenada de forma expresa por el organismo competente.
Contrato con Grupo Palco enfrenta una petición de nulidad
El asunto con mayor impacto potencial para los solicitantes cubanos es el contrato de 1,13 millones de euros adjudicado al Grupo Palco para aportar trabajadores a las oficinas consulares españolas en La Habana. La ARVH presentó el 28 de julio una solicitud ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros organismos para revisar el acuerdo y declarar su nulidad.
La entidad argumenta que los procedimientos relacionados con el reconocimiento de la nacionalidad constituyen funciones soberanas que deben quedar bajo responsabilidad del Registro Civil y de funcionarios españoles. También exige conocer cuántos empleados participan, qué labores realizan y si tienen acceso a expedientes, información personal o sistemas informáticos del consulado.
La asociación solicitó además suspender de forma cautelar las encomiendas vinculadas a la empresa pública española Ineco y las colaboraciones con Palco mientras se examinan sus reclamaciones. Si alguna de esas medidas prosperara, la reducción de personal podría aumentar las demoras en una sede consular que ya acumula una elevada carga de trabajo.
Qué deben saber los cubanos con expedientes pendientes
La Habana concentra alrededor de 350.000 gestiones asociadas a la Ley de Nietos y figura como la segunda oficina consular con mayor volumen de solicitudes, solo detrás de Buenos Aires. Esa acumulación fue uno de los motivos para recurrir a personal externo y explica los prolongados tiempos de espera registrados durante el proceso.
El plazo para solicitar cita finalizó el 22 de octubre de 2025. No obstante, el consulado debe continuar atendiendo a quienes gestionaron correctamente sus credenciales o citas antes de esa fecha, incluso cuando la presentación presencial ocurra posteriormente.
Por ahora, quienes mantienen expedientes abiertos deben conservar sus comprobantes, vigilar las comunicaciones del Consulado de España en La Habana y responder a cualquier requerimiento documental. Las iniciativas de la ARVH abren un nuevo escenario administrativo que podría generar retrasos, pero hasta el momento no existe una resolución que cancele las solicitudes de cubanos ni que coloque en riesgo inmediato las nacionalidades ya inscritas.
