El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida aplazó para el próximo 2 de septiembre una audiencia relacionada con la demanda Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un proceso que busca beneficiar a cubanos con formulario I-220A que intentan acceder a la Ley de Ajuste Cubano.
La vista estaba prevista para el 26 de agosto y fue reprogramada por la jueza Jacqueline Becerra debido a ajustes en la agenda judicial.
La demanda fue presentada por 992 cubanos que recibieron un I-220A después de ingresar a Estados Unidos por la frontera entre México y el país norteamericano. Los demandantes buscan que ese documento sea reconocido como parole para poder solicitar beneficios migratorios establecidos para ciudadanos cubanos.
El abogado Mark Prada, representante principal de los demandantes, explicó que el cambio de fecha responde a razones administrativas del tribunal y no representa un retraso relacionado con el fondo del caso. La abogada Claudia Cañizares también confirmó que este tipo de modificaciones ocurre cuando otros procesos judiciales requieren más tiempo del previsto.
Jueza analizará recursos del Gobierno y de los cubanos con I-220A
Durante la nueva audiencia, la jueza Becerra escuchará argumentos sobre varias mociones pendientes dentro de tres procesos relacionados con los documentos I-220A.
El Gobierno federal solicitó que las demandas sean rechazadas y sostiene que el tribunal no tiene autoridad para ordenar las soluciones legales solicitadas por los cubanos. Por su parte, los abogados de los demandantes intentan impedir el cierre del caso y buscan que Bello-Rubio sea reconocida como una demanda colectiva, conocida como class action.
Si esa solicitud es aprobada, una decisión favorable podría extender sus efectos a otros cubanos que se encuentran en una situación migratoria similar.
El debate sobre si el I-220A equivale a un parole
El centro de la disputa legal está en determinar si el formulario I-220A puede ser considerado equivalente a un parole, un documento que permite cumplir uno de los requisitos para solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Actualmente, el I-220A funciona como una orden de libertad bajo supervisión mientras avanza un proceso migratorio, pero no es reconocido por las autoridades migratorias como un parole válido para ese beneficio.
La controversia aumentó después de una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración en 2023, conocida como Matter of Cabrera-Fernandez, que estableció diferencias legales entre ambos documentos.
Los abogados de los cubanos sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional aplicó una clasificación incorrecta al liberar a estas personas tras su llegada a la frontera. El DHS rechaza esa interpretación y afirma que un tribunal no puede convertir de manera retroactiva un I-220A en parole.
Un proceso que mantiene en espera a miles de cubanos en Estados Unidos
Representantes legales han pedido cautela ante las expectativas generadas por la nueva fecha de audiencia. El abogado Willy Allen explicó a CaféFuerte que esta vista representa una etapa más dentro de un litigio que podría continuar con apelaciones y otros recursos judiciales.
Además de Mark Prada, en el caso participan las abogadas Claudia Cañizares, de Canizares Law Group, y Maitte Barrientos, de Servicios Legales de Caridades Católicas.
La audiencia del 2 de septiembre podría definir si la demanda avanza como acción colectiva o si enfrenta nuevas limitaciones dentro del proceso judicial. Para los cubanos con I-220A, el resultado será otro paso en una disputa que mantiene pendiente su futuro migratorio en Estados Unidos.
