Estados Unidos extendió hasta septiembre de 2027 una de las bases legales del embargo contra Cuba y mantuvo activa una herramienta utilizada para aplicar sanciones económicas contra La Habana. La decisión evita que las facultades de la Ley de Comercio con el Enemigo aplicadas a la isla expiren el próximo 14 de septiembre de 2026.
El presidente Donald Trump firmó el memorando que prolonga la vigencia de estas medidas durante un año más. En el documento, enviado a los secretarios de Estado y del Tesoro, el mandatario aseguró que mantener esas facultades responde al “interés nacional” de Estados Unidos.
La decisión no implica una renovación completa del embargo estadounidense contra Cuba. El sistema de sanciones funciona mediante varias leyes y disposiciones aprobadas durante décadas por el Congreso y diferentes administraciones.
Entre esas normas se encuentran la Ley para la Democracia Cubana de 1992, conocida como Ley Torricelli, y la Ley Libertad de 1996, conocida como Helms-Burton.
Estados Unidos mantiene vigente una herramienta clave del embargo contra Cuba
La prórroga permite que continúen las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos (CACR), administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Estas regulaciones limitan operaciones financieras, transferencias, pagos y transacciones relacionadas con propiedades o intereses del Estado cubano y de ciudadanos de la isla bajo jurisdicción estadounidense.
Sin embargo, las normas incluyen excepciones mediante licencias generales y específicas. Estas autorizaciones permiten actividades como viajes familiares, trabajos periodísticos, proyectos humanitarios, acciones religiosas y programas educativos.
La renovación anual tiene su origen en una reforma aprobada por el Congreso estadounidense en 1977. La Ley Pública 95-223 permitió conservar estas facultades siempre que el presidente determine que su continuidad responde a los intereses de Estados Unidos.
Gobierno cubano critica la decisión de Washington sobre las sanciones
Las facultades relacionadas con Cuba debían expirar el 14 de septiembre de 2026. Un memorando anterior había extendido su aplicación durante un año, y la nueva decisión garantiza otra prórroga hasta septiembre de 2027.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó la medida y criticó la política de sanciones estadounidense. El funcionario afirmó que Washington mantiene una estrategia destinada a afectar a la economía cubana.
Rodríguez publicó sus declaraciones en la red social X y aseguró que la renovación de la Ley de Comercio con el Enemigo confirma la continuidad de la política de presión contra La Habana.
La extensión ocurre mientras Estados Unidos mantiene otros mecanismos de sanciones contra el régimen cubano. La administración Trump también aplica un programa creado en mayo de 2026 mediante la Orden Ejecutiva 14404.
Las sanciones contra Cuba se apoyan en varias leyes estadounidenses
La Oficina de Control de Activos Extranjeros explicó que ese programa funciona de forma independiente a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos. Ambos sistemas operan de manera paralela dentro de la política estadounidense hacia Cuba.
Como parte de ese esquema, el Departamento del Tesoro incluyó nueve entidades estatales cubanas en su lista de compañías bloqueadas. Las empresas pertenecen a sectores como minería, metales, comercio exterior y construcción.
El embargo comercial entre Estados Unidos y Cuba comenzó en 1962, cuando el presidente John F. Kennedy estableció las primeras restricciones. En 1963, el Departamento del Tesoro creó las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos.
Estas normas continúan vigentes después de la nueva decisión de Washington y forman parte del conjunto de herramientas legales que Estados Unidos utiliza en su política hacia la isla.
