La activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, comparecieron este jueves 1 de octubre ante el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, en Cojímar, para enfrentar un proceso penal originado por la grabación y publicación en redes sociales de un agente del Ministerio del Interior (MININT) que acudió a su vivienda.
Minutos antes de ingresar al tribunal, Bensi aseguró ante la prensa que no esperaba un juicio justo y defendió su derecho a expresar opiniones críticas sobre la realidad cubana.
La joven, de 21 años, afirmó que ni ella ni su madre son criminales y reiteró su aspiración de una “Cuba libre” y con elecciones libres.
Operativo policial alrededor del juicio de Anna Bensi
La jornada estuvo acompañada por denuncias de vigilancia domiciliaria, detenciones y restricciones contra personas que pretendían acercarse al tribunal.
Martí Noticias reportó entre los detenidos al activista cristiano David Espinosa y al pastor Rolando Fidel Pérez, conocido como El Pregonero de Cristo, además de la esposa de este último.
Integrantes del colectivo Fuera de la Caja Cuba denunciaron también presencia policial frente a varias viviendas y órdenes verbales que les impedían salir durante las primeras horas del día.
Las periodistas independientes Camila Acosta y Yoani Sánchez reportaron vigilancia cerca de sus residencias, mientras Acosta aseguró que agentes le impidieron trasladarse para cubrir el proceso.
Cerca de 30 representantes de organizaciones religiosas acudieron a las inmediaciones del tribunal para expresar solidaridad con madre e hija.
Las autoridades permitieron que Bensi y Silvente fueran acompañadas por Arturo Leal, pastor de su congregación en Alamar, y Bárbaro Marrero, presidente de la Junta Directiva de la Convención Bautista de Cuba.
Un video de un agente del MININT originó el proceso
El caso comenzó el 10 de marzo, cuando el suboficial del MININT Yoel Leodán Rabaza Ramos llegó vestido de civil, acompañado por otro hombre, al edificio donde viven las acusadas en Alamar.
El objetivo era entregar una citación vinculada con la Seguridad del Estado. Caridad grabó el encuentro y Anna posteriormente publicó las imágenes como una medida de seguridad, según explicó la familia.
Rabaza Ramos sostiene que la divulgación vulneró su intimidad y lo hizo sentirse amenazado después de quedar identificado en internet. La defensa rechaza esa interpretación y sostiene que las imágenes documentaron a un funcionario durante una diligencia oficial.
El abogado del querellante solicita dos años de limitación de libertad para cada acusada, además de una retractación pública, según la información difundida antes del juicio.
Esa sanción no implica encarcelamiento, pero establece restricciones de movilidad y mantiene a la persona bajo control judicial.
Organizaciones y políticos siguen el proceso
La defensa pidió anteriormente que la querella fuera declarada inadmisible, pero el tribunal permitió continuar el caso.
Cubalex argumenta que debe probarse la intención de perjudicar la intimidad, imagen o identidad del denunciante y sostiene que grabar una actuación oficial no equivale a revelar aspectos de su vida privada.
Estas consideraciones corresponden a la organización que asesora jurídicamente el caso.
El proceso también ha generado pronunciamientos de iglesias, activistas, artistas y políticos estadounidenses.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana había cuestionado anteriormente las presiones contra Bensi y su madre, mientras legisladores cubanoamericanos han expresado públicamente su respaldo a ambas.
Hasta las informaciones disponibles durante la jornada de este jueves, no se había reportado una sentencia definitiva.
