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Golpe para cubanos con I-220A: fallo federal complica la residencia en EEUU

La sentencia establece un precedente obligatorio en tres estados y mantiene la orden de deportación contra una familia cubana

Una nueva decisión judicial complica las posibilidades de obtener la residencia permanente para numerosos cubanos liberados con el formulario I-220A en Estados Unidos. El Tribunal Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito determinó el martes 17 de noviembre de 2026 que ese documento no acredita el parole exigido por la Ley de Ajuste Cubano.

La sentencia, emitida tras revisar el recurso de una familia cubana, establece un precedente vinculante para los tribunales federales inferiores de Florida, Georgia y Alabama.

La resolución corresponde al expediente 24-12318, presentado por Yoan Aguiar-Fernandez, su esposa Yenisley Gonzalez-Sanabria y su hija Essined Yoana Aguiar-Gonzalez. Los tres ingresaron a territorio estadounidense el 25 de junio de 2021, cerca de San Luis, Arizona. Tras entregarse a la Patrulla Fronteriza, las autoridades los detuvieron brevemente y posteriormente autorizaron su salida de custodia mediante órdenes de libertad bajo palabra identificadas como I-220A.

¿Por qué el tribunal rechazó el I-220A para el Ajuste Cubano?

El conflicto jurídico surgió cuando los inmigrantes intentaron acogerse a la legislación migratoria especial para ciudadanos cubanos. Los solicitantes argumentaron que su liberación debía reconocerse como parole, pese a que los documentos recibidos citaban el artículo 1226 de la legislación federal. También sostuvieron que, por las circunstancias de su detención, correspondía aplicar otras disposiciones sobre el tratamiento de extranjeros que ingresan sin autorización.

Los magistrados rechazaron esa interpretación. La sentencia explica que una autorización para abandonar un centro de detención mientras continúa el procedimiento migratorio no equivale al permiso discrecional de entrada conocido como parole humanitario. Este último se encuentra regulado por el artículo 1182(d)(5)(A) de la legislación estadounidense. La distinción resulta determinante porque el Ajuste Cubano exige, entre otras condiciones, que la persona haya sido admitida o recibido parole.

El tribunal también examinó las pruebas incorporadas al expediente. Ninguno de los tres familiares recibió un formulario I-94 que acreditara el beneficio migratorio solicitado. Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había rechazado expresamente sus peticiones de parole humanitario. Por esa razón, los jueces concluyeron que la documentación existente no permitía considerar cumplido uno de los requisitos esenciales para solicitar la residencia bajo la legislación especial cubana.

Fallo sobre el I-220A también mantiene una orden de deportación

La familia sufrió otro revés durante el procedimiento. Aguiar-Fernandez había solicitado asilo, suspensión de deportación y protección bajo la Convención contra la Tortura, alegando persecución relacionada con sus opiniones políticas contrarias al Gobierno cubano. Aunque el juez de inmigración consideró creíble su testimonio, concluyó que las pruebas no demostraban el nivel de persecución requerido para conceder esas protecciones.

Durante el proceso se examinaron incidentes ocurridos en Cuba, incluidos problemas con un oficial vinculado a las autoridades. Sin embargo, los magistrados determinaron que los antecedentes presentados no cumplían los estándares legales aplicables. El Undécimo Circuito confirmó así la negativa de protección y dejó vigente la orden de expulsión de Aguiar-Fernandez, su esposa y su hija hacia territorio cubano.

Las consecuencias de la sentencia trascienden ese expediente. Al tratarse de una opinión publicada de un tribunal federal de apelaciones, sus fundamentos deberán aplicarse en casos jurídicamente equivalentes dentro del circuito. Esto dificulta que otros inmigrantes obtengan el Ajuste Cubano basándose exclusivamente en la libertad concedida mediante I-220A, una situación que afecta a numerosos integrantes de la comunidad cubana.

La sentencia no significa que todos los cubanos con I-220A serán deportados ni que perderán automáticamente cualquier posibilidad de obtener la residencia. El fallo tampoco resuelve la demanda colectiva conocida como Bello-Rubio, que continúa su propio recorrido judicial en Miami. Sin embargo, el precedente del Undécimo Circuito puede influir en otros litigios que planteen argumentos similares. Cada expediente dependerá de sus circunstancias, las protecciones disponibles y la documentación migratoria de sus solicitantes.

El fallo llega mientras numerosos cubanos continúan esperando una solución a su situación migratoria. La diferencia entre una liberación administrativa y el parole requerido por la legislación vuelve a situarse en el centro del debate. Para quienes únicamente poseen un I-220A, la sentencia representa un obstáculo adicional que obliga a examinar sus expedientes individuales y las alternativas legales disponibles antes de iniciar nuevos procedimientos de residencia.

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