La activista y creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, compareció este jueves 1 de octubre junto a su madre, Caridad Silvente, ante el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, en Cojímar.
Minutos antes de entrar, rechazó que expresar desacuerdo con el sistema político cubano constituya un delito y aseguró que no espera un juicio justo.
“No somos criminales”, afirmó la joven de 21 años ante periodistas y personas que acudieron a respaldarla. Bensi sostuvo que ella y otros activistas utilizan teléfonos y redes sociales para expresar sus opiniones.
“Una pantalla no es un arma, es un teléfono”, argumentó al cuestionar el proceso judicial abierto contra ella y su madre.
Anna Bensi pide una Cuba libre y elecciones libres
Bensi manifestó abiertamente su desacuerdo con el sistema político y con la forma en que se administran los asuntos internos de Cuba.
Al ser interrogada sobre una posible solución para la crisis del país, respondió que desea “que Cuba sea libre”, un cambio y elecciones libres. También reiteró que no piensa dejar de expresar sus opiniones.
La activista dijo que no espera recibir un juicio justo porque considera que existe un “estado de injusticia” en Cuba.
No obstante, afirmó confiar en que prevalezca la verdad. Antes de la audiencia también había asegurado que, si tuviera que enfrentar nuevamente los hechos que originaron la causa, volvería a grabar el video.
Un video de un funcionario del MININT originó la causa
El proceso comenzó el 10 de marzo, cuando el suboficial del Ministerio del Interior Yoel Leodán Rabaza Ramos acudió vestido de civil a la vivienda de madre e hija en Alamar para entregar una citación relacionada con la Seguridad del Estado.
Silvente grabó el encuentro y Bensi posteriormente difundió las imágenes en las redes sociales.
La acusación se basa en el artículo 393 del Código Penal cubano, relacionado con actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz.
El funcionario sostiene que la publicación vulneró su intimidad. Bensi, en cambio, afirma que documentaron el encuentro como medida de seguridad y niega haber pretendido perjudicarlo.
La causa fue archivada inicialmente, pero posteriormente Rabaza Ramos presentó personalmente una querella y el procedimiento se reactivó.
La representación del querellante solicita dos años de limitación de libertad para cada una.
Operativo policial y apoyo religioso durante el juicio
La audiencia estuvo acompañada por un amplio despliegue policial. Activistas denunciaron vigilancia alrededor de la vivienda de Bensi y restricciones contra personas que intentaban acercarse al tribunal.
David Espinosa Martínez, activista cristiano que pretendía asistir al proceso, fue detenido y presuntamente trasladado hacia La Lisa.
Alrededor de 30 representantes de organizaciones religiosas acudieron, según las fuentes recopiladas, a respaldar a Bensi y Silvente.
La Convención Bautista de Cuba Occidental, la Iglesia Metodista en Cuba y las Asambleas de Dios también habían expresado apoyo a ambas y reclamado garantías durante el procedimiento.
El proceso es presidido por la jueza Zamira Marrero Morgado, señalada por activistas por haber integrado un tribunal relacionado con manifestantes del 11 de julio de 2021.
Mientras la defensa sostiene que el video documentó la actuación de un funcionario público, una cuenta vinculada a miembros de la Policía Nacional Revolucionaria ha defendido el proceso alegando que se juzga la difusión no consentida de la imagen y no el hecho de grabarla.
