El gobierno de Donald Trump intensificó en octubre de 2026 su campaña para retirar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados, mediante la presentación de 40 demandas civiles ante tribunales federales de Estados Unidos, incluidas cinco en el sur de Florida.
Las acciones buscan anular naturalizaciones presuntamente obtenidas mediante fraude, declaraciones falsas u ocultamiento de antecedentes. La medida también alcanza expedientes relacionados con cubanos y otros inmigrantes residentes en Miami-Dade.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que las demandas fueron presentadas durante agosto, septiembre y principios de octubre contra personas acusadas de ocultar delitos o proporcionar información falsa durante sus trámites migratorios. El fiscal general Todd Blanche calificó la iniciativa como el mayor esfuerzo de revocación de ciudadanía de la historia moderna estadounidense, aunque el organismo no presentó estadísticas históricas suficientes para respaldar esa comparación.
Cinco inmigrantes enfrentan demandas para perder la ciudadanía en Florida
Entre los nuevos casos figura Ralph Nabavi, de 69 años, un empresario de Miami nacido en Irán que obtuvo la ciudadanía en 2014. Según el Departamento de Justicia, ocultó actividades relacionadas con evasión fiscal anteriores a su naturalización. También aparece Yusmary Shirley Durán Mejía, colombiana residente en Hialeah, quien recibió la ciudadanía en 2018 y posteriormente fue condenada por conspiración para lavar dinero.
Otra demanda involucra a Arnouse Merlien, una mujer de origen haitiano residente en West Palm Beach. Las autoridades federales sostienen que participó en un esquema de fraude tributario antes de naturalizarse en 2016. Los fiscales alegan que ocultó información relevante sobre esas actividades y proporcionó declaraciones falsas durante el procedimiento para convertirse en ciudadana estadounidense.
Los otros expedientes corresponden a Syed Mashood Ul Haque, originario de Pakistán, y José Villarreal Ortiz, nacido en México. El primero está acusado de utilizar identidades diferentes para evadir una orden de deportación. Al segundo se le atribuye haber conseguido beneficios migratorios mediante una declaración falsa sobre su relación familiar con una ciudadana estadounidense.
Cubanos figuran entre los casos de revocación de ciudadanía
La campaña también incluye procesos contra personas vinculadas a la comunidad cubana. Uno de ellos corresponde a Yosmaikel Rodríguez Pérez, residente de Miami-Dade, quien obtuvo la ciudadanía en 2018. El Departamento de Justicia presentó una demanda para revocársela después de su condena por participar en un fraude a Medicare relacionado con aproximadamente 886.000 dólares en reclamaciones fraudulentas.
Otro caso involucra a Víctor Manuel Rocha, exembajador estadounidense condenado a 15 años de prisión por actuar como agente de inteligencia de Cuba. El gobierno federal busca retirarle la ciudadanía porque considera que ocultó información relevante durante su naturalización. Aunque Rocha nació en Colombia, su expediente está directamente relacionado con actividades de espionaje a favor del régimen cubano.
El Nuevo Herald también documentó el caso de Tania Rosa Rodríguez, una cubanoamericana declarada culpable de obtener ilegalmente la ciudadanía tras ocultar su participación en una conspiración de fraude a Medicare. A diferencia de las 40 demandas civiles anunciadas en octubre, su expediente corresponde a un procedimiento penal, por lo que ambos mecanismos judiciales no deben confundirse.
¿Quiénes pueden perder la ciudadanía estadounidense?
La legislación estadounidense permite revocar una naturalización cuando el gobierno demuestra que fue obtenida ilegalmente o mediante el ocultamiento deliberado de información relevante. Sin embargo, una condena posterior no provoca automáticamente la pérdida de ciudadanía. Los fiscales deben presentar pruebas claras, inequívocas y convincentes ante un tribunal federal, que tiene la responsabilidad de evaluar cada expediente.
David Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, explicó a El Nuevo Herald que la mayoría de los ciudadanos naturalizados no enfrenta una amenaza inmediata. El especialista destacó que estos procesos requieren pruebas sólidas y procedimientos judiciales complejos. Aunque la administración Trump pretende ampliar las demandas, su presentación no implica una revocación automática ni significa que todos los inmigrantes naturalizados estén expuestos a perder su ciudadanía.
