La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró el jueves 15 de octubre en Miami que el presidente Donald Trump respaldará una reforma para regularizar a determinados inmigrantes indocumentados en Estados Unidos antes de concluir su mandato.
La representante de origen cubano hizo estas declaraciones durante un encuentro comunitario, donde defendió la Ley Dignidad como una alternativa para trabajadores sin antecedentes penales que desempeñan labores esenciales para la economía estadounidense.
En declaraciones a la agencia EFE, Salazar sostuvo que existen conversaciones sobre una posible reforma migratoria durante los próximos dos años. La legisladora expresó su confianza en que Trump apoyará la iniciativa, aunque no presentó un compromiso oficial del mandatario. Su propuesta todavía necesita superar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.
¿Qué inmigrantes podrían beneficiarse de la Ley Dignidad?
El proyecto busca establecer un mecanismo de regularización para determinados extranjeros que permanecen en EEUU sin autorización migratoria. La congresista mencionó a trabajadores de la construcción, agricultura, salud, hotelería e industria alimentaria como parte de los sectores que podrían beneficiarse. Sin embargo, la elegibilidad dependería de los requisitos establecidos en el texto legislativo y no únicamente del empleo que desempeñe cada solicitante.
La iniciativa contempla un estatus migratorio que permitiría permanecer y trabajar legalmente en territorio estadounidense a quienes cumplan las condiciones correspondientes. Salazar explicó que su propuesta no ofrece una vía directa hacia la ciudadanía. El objetivo, según su planteamiento, consiste en reconocer la participación económica de determinados inmigrantes sin concederles automáticamente la residencia permanente.
La representante argumentó que varias industrias estadounidenses dependen de trabajadores extranjeros que carecen de documentos. A su juicio, esa realidad obliga a buscar una solución que permita mantener la actividad económica y establecer controles sobre quienes accedan al programa. Por ahora, ningún inmigrante puede solicitar los beneficios de la Ley Dignidad, porque el Congreso todavía no la ha aprobado.
Salazar cuestiona las deportaciones impulsadas por Trump
Las declaraciones llegan después de que la congresista criticara públicamente el alcance de la política migratoria del Gobierno. En septiembre, difundió un anuncio de campaña en el que advirtió sobre el descontento de sectores de la comunidad hispana ante las deportaciones. Trump respondió calificando de poco firme su posición y defendió la continuidad de las medidas de control migratorio.
Posteriormente, Salazar afirmó que conversó con el presidente y que lo encontró receptivo a sus argumentos. La legisladora representa el Distrito 27 de Florida y busca conservar su escaño en las elecciones del 3 de noviembre. Su rival demócrata, Elliott Rodríguez, también de origen cubano, ha cuestionado su relación política con Trump y su respuesta ante las operaciones migratorias.
El debate ocurre mientras las autoridades federales mantienen sus planes de ampliar las deportaciones. El 1 de octubre, Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, afirmó durante una visita al sur de Florida que las expulsiones aumentarían en 2027. También mencionó 200.000 arrestos migratorios durante los cuatro meses anteriores, según las cifras que presentó.
Congresista también pronostica cambios políticos en Cuba
Durante el encuentro en Miami, Salazar abordó además la situación cubana y aseguró que Trump impulsará transformaciones políticas en la Isla antes de abandonar la presidencia. La representante afirmó que espera el fin de la permanencia de la familia Castro en el poder, aunque no explicó qué medidas concretas permitirían alcanzar ese objetivo ni presentó un calendario de acciones.
Sus declaraciones combinan dos asuntos de especial interés para los cubanos residentes en Florida: la posibilidad de una reforma migratoria y la política estadounidense hacia La Habana. Sin embargo, ambos planteamientos representan expectativas expresadas por la congresista. La eventual regularización dependerá de una aprobación legislativa y de la firma presidencial, mientras que el cambio político anunciado para Cuba carece, por ahora, de detalles públicos que permitan conocer cómo se llevaría a cabo.
