Este martes 20 de octubre de 2026 vence un plazo judicial importante para los cubanos con formulario I-220A en Estados Unidos. Los abogados que impulsan la demanda Bello-Rubio v. Noem deberán presentar nuevos argumentos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, en Miami, para intentar que el proceso sea reconocido como una acción colectiva que abarque a más inmigrantes.
La fecha fue establecida por la jueza federal Jacqueline Becerra mediante la orden electrónica número 81, emitida el 16 de octubre. Según informó el portal jurídico i220a.org, la magistrada aceptó una solicitud de prórroga presentada por los representantes de los demandantes, sin oposición del Gobierno estadounidense. El expediente está identificado como 1:25-cv-23665.
¿Qué se decidirá sobre la demanda de cubanos con I-220A?
El equipo jurídico, encabezado por Mark Prada y Anthony Dominguez, busca que el tribunal autorice la certificación colectiva conforme a la Regla 23 del Procedimiento Civil Federal. La demanda, presentada inicialmente por 992 ciudadanos cubanos, cuestiona el tratamiento migratorio de personas que fueron detenidas y posteriormente liberadas bajo determinadas condiciones.
Uno de los principales puntos de discusión es establecer si los posibles beneficiarios pueden identificarse mediante criterios comunes. El Gobierno ha cuestionado esta posibilidad debido a las diferencias entre los expedientes migratorios. Los abogados también deberán argumentar si la corte tiene facultades para ordenar medidas que alcancen a todo el grupo.
Aunque el vencimiento genera expectativas, no significa que este martes se anuncie una sentencia. Incluso si Becerra acepta la certificación, los integrantes de la demanda no recibirían automáticamente un parole ni la residencia permanente. La decisión únicamente permitiría continuar determinadas reclamaciones mediante una representación colectiva.
Otro plazo importante vence el 23 de octubre
El calendario judicial establece una segunda fecha para el viernes 23 de octubre. Ese día, los representantes de los cubanos deberán responder a una nueva moción presentada por la Administración de Donald Trump para conseguir la desestimación del litigio.
La solicitud gubernamental fue presentada el 9 de octubre y constituye otro intento de cerrar el procedimiento. Anteriormente, durante una audiencia celebrada el 10 de septiembre, Becerra permitió que las reclamaciones continuaran examinándose, aunque sin pronunciarse definitivamente sobre el reconocimiento migratorio solicitado.
El expediente también registra el documento 82, presentado el 19 de octubre, relacionado con una solicitud de protección cautelar frente a actuaciones migratorias. Esta discusión es independiente del proceso de certificación colectiva y tampoco supone que los demandantes hayan obtenido protección automática contra posibles detenciones.
¿Cómo afecta este proceso a los cubanos con I-220A?
La controversia se concentra en una diferencia jurídica fundamental. El I-220A acredita una liberación bajo palabra, pero no constituye por sí mismo un parole. Esta distinción resulta determinante para acceder a la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, que exige, entre otros requisitos, haber sido inspeccionado y admitido o recibido parole.
Mientras el tribunal analiza los argumentos, los afectados deberán continuar cumpliendo sus obligaciones migratorias. La existencia de esta demanda no cancela órdenes de deportación ni modifica automáticamente su situación legal. Las próximas actuaciones podrían definir el alcance del litigio, pero la resolución del conflicto de fondo permanece pendiente.
