La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida analizará este viernes 13 de noviembre una modificación que permitiría a determinados estudiantes indocumentados acceder a universidades públicas. La reunión tendrá lugar en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami. La iniciativa pretende resolver un conflicto entre las restricciones migratorias aprobadas en septiembre y los derechos de transferencia académica establecidos por la legislación estatal.
La medida anterior impedirá, desde el curso 2027-2028, las nuevas matrículas de personas que permanezcan irregularmente en Estados Unidos en universidades que no hayan admitido a todos los aspirantes académicamente cualificados durante los dos años anteriores. Ahora, las autoridades educativas estudian preservar las oportunidades de quienes ya habían comenzado determinadas trayectorias de formación superior.
¿Qué alumnos podrían beneficiarse de la nueva medida en Florida?
El proyecto contempla una excepción para quienes se hayan inscrito en una institución del Florida College System antes de la primavera de 2027 y posteriormente obtengan un título de asociado en Artes, conocido como Associate in Arts (AA). Este certificado permite continuar hacia una licenciatura mediante los mecanismos de admisión reconocidos por las leyes estatales.
También quedarían comprendidos los participantes de programas específicos de transferencia 2+2 y quienes hayan iniciado, antes del plazo establecido, estudios sujetos a convenios entre un college público y una universidad estatal. La condición fundamental es pertenecer a alguna de esas modalidades académicas, no simplemente haber solicitado una plaza.
Florida cuenta con 28 centros públicos de enseñanza superior de este tipo y 12 universidades estatales. Su sistema de articulación facilita que los graduados elegibles transfieran al menos 60 créditos para completar una carrera universitaria. Sin embargo, esa garantía no asegura el ingreso a una institución específica ni a programas con requisitos especiales.
¿Qué implicaciones tendría para los jóvenes cubanos sin residencia legal?
La posible modificación interesa especialmente a familias cubanas cuyos hijos estudian en centros como Miami Dade College. Aquellos que cumplan las condiciones académicas podrían conservar una vía para obtener un título universitario, aunque todavía deberán esperar la decisión definitiva de las autoridades.
El documento no identifica categorías migratorias particulares ni establece protecciones específicas para quienes poseen un formulario I-220A. Por consiguiente, sería incorrecto asegurar que todos los cubanos con ese documento, o cualquier otro trámite migratorio pendiente, tendrán acceso automático a las excepciones contempladas.
Tampoco se trata de una derogación general de las limitaciones aprobadas anteriormente. Los nuevos aspirantes que no reúnan los requisitos seguirían sujetos a las restricciones correspondientes. Además, la propuesta aborda la admisión académica, sin anunciar cambios en el estatus migratorio ni beneficios económicos para pagar los estudios.
Florida mantiene abierto el debate sobre la educación de inmigrantes
La reunión del viernes no significará una autorización inmediata. Si el comité académico y la Junta respaldan la modificación, se abrirá un período de 14 días para comentarios públicos. Posteriormente, el organismo deberá evaluar su aprobación definitiva durante una próxima sesión, siempre que el procedimiento avance sin objeciones que requieran nuevos cambios.
El asunto mantiene divididas las posiciones políticas. El vicegobernador Jay Collins defendió la prohibición original argumentando que las plazas financiadas por los contribuyentes deben priorizar a personas con presencia legal. En contraste, la exrepresentante demócrata Anna Eskamani cuestionó las facultades de las autoridades educativas para imponer estas restricciones y pidió eliminarlas completamente.
Durante 2026, la Legislatura estatal tampoco consiguió aprobar iniciativas similares, entre ellas los proyectos SB 1052 y HB 721. La nueva discusión podría determinar si jóvenes que comenzaron su formación bajo determinadas garantías legales logran continuar hasta la licenciatura. Por ahora, el futuro de esos alumnos dependerá de la decisión administrativa y de las condiciones finales que adopte Florida.
