El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció este miércoles 18 de noviembre que numerosas reclamaciones ciudadanas permanecen desatendidas por la negligencia de funcionarios estatales. Durante la quinta emisión de su programa radial Criterio Compartido, transmitido desde Cuba, cuestionó la actuación de organismos públicos y advirtió que sus responsables podrían enfrentar medidas por incumplir sus obligaciones. Las declaraciones surgieron después de escuchar testimonios sobre demoras, maltrato y dificultades para obtener soluciones.
El espacio, conducido junto a la periodista Bárbara Betancourt, recibió 78 llamadas durante la jornada. Los participantes expusieron experiencias relacionadas con la falta de atención de distintas dependencias gubernamentales. Algunos casos evidenciaron que las autoridades comenzaron a intervenir solamente después de que los afectados acudieran al programa presidencial, pese a que anteriormente habían solicitado ayuda mediante los canales establecidos.
Díaz-Canel cuestiona la falta de respuestas a las quejas en Cuba
Una de las principales críticas del mandatario estuvo dirigida a quienes dejan pasar semanas o meses sin atender situaciones que posteriormente pueden resolverse en poco tiempo. Díaz-Canel consideró inadmisible que determinados problemas reciban seguimiento inmediato cuando llegan a su espacio radial, mientras las gestiones anteriores de los ciudadanos no producen resultados.
El presidente sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a solucionar cada reclamación. También pidió examinar las razones por las cuales las entidades correspondientes dejaron acumular los expedientes. En ese sentido, aseguró que habrá funcionarios obligados a explicar su conducta y responder por las irregularidades detectadas durante la revisión de los casos.
Estas declaraciones ponen de manifiesto las dificultades que enfrentan numerosos cubanos para conseguir atención mediante los procedimientos administrativos habituales. Aunque existen oficinas encargadas de recibir inconformidades, los testimonios presentados reflejan que acudir a ellas no siempre garantiza una respuesta. La intervención presidencial aparece así como una vía adicional para impulsar trámites que deberían resolverse sin necesidad de llegar a esa instancia.
Denuncias de maltrato y evasivas en instituciones estatales
Otro asunto abordado fue el comportamiento de empleados públicos hacia quienes presentan reclamaciones. Algunos participantes describieron situaciones en las que recibieron regaños, respuestas despectivas o fueron enviados de una oficina a otra. Díaz-Canel rechazó esas prácticas y consideró que los trabajadores responsables deben ser cuestionados, en lugar de reprender a las personas afectadas.
El gobernante también criticó que determinadas entidades se nieguen a intervenir alegando que una dificultad corresponde a otro organismo. Según explicó, los servidores públicos deben asumir las inquietudes recibidas y coordinar con las instancias necesarias. Esta postura responde a las denuncias sobre ciudadanos que terminan atrapados entre trámites administrativos sin conseguir una solución concreta.
Una ley obliga a las autoridades cubanas a responder las reclamaciones
Durante la transmisión intervino la viceministra primera de Justicia, Yaliet Peña, quien recordó la existencia de la Ley del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas. La normativa, vigente desde marzo de 2025, establece mecanismos para tramitar las solicitudes ciudadanas y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente.
Pese a ese marco legal, los testimonios difundidos durante el programa evidencian dificultades en su aplicación. Díaz-Canel insistió en que recibir una denuncia no basta y que las instituciones deben organizar acciones, supervisar su cumplimiento y comunicar los resultados. También señaló que escuchar a los ciudadanos constituye una obligación de quienes desempeñan responsabilidades estatales.
La emisión concluyó con el compromiso presidencial de continuar revisando las reclamaciones y examinar la conducta de los funcionarios involucrados. Sin embargo, las declaraciones recogidas no precisan cuántos trabajadores serán investigados ni qué sanciones podrían aplicarse. La versión televisiva del programa está prevista para el viernes 20 de noviembre, mientras permanece abierta la interrogante sobre si estas advertencias producirán cambios efectivos en la atención a la población.