Un grupo de congresistas demócratas presentó este jueves 19 de noviembre de 2026 en Washington una propuesta legislativa que permitiría dejar sin efecto determinadas órdenes de deportación después de diez años y ofrecer una vía hacia la residencia permanente en Estados Unidos.
La iniciativa, impulsada por Lateefah Simon, de California, busca proteger a inmigrantes que han permanecido durante largos períodos en el país sin condenas penales y que continúan expuestos a una posible expulsión.
El proyecto, denominado Protect Our Neighbors Act, cuenta también con el respaldo de los representantes John Garamendi, Zoe Lofgren y Juan Vargas. Según confirmó la oficina de Simon mediante un comunicado oficial, la medida pretende ofrecer una solución a extranjeros que han formado familias y desarrollado actividades laborales durante décadas, pese a mantener decisiones migratorias de expulsión pendientes de ejecución. ABC News había adelantado los detalles de la propuesta el miércoles.
🚨 SCOOP: House Dems will introduce an immigration bill tomorrow that would provide relief to some immigrants who have final orders of removal but no criminal record, and create a pathway for them to obtain legal permanent residency.
Last year, I reported on Harjit Kaur, a 73-year-old grandmother who had lived in the San Francisco Bay Area for three decades before she was deported to India.
Now her case is the inspiration for this new legislation, which is led by @RepLSimon.
Shared first with @ABC 👇
https://t.co/8cBCEYPGM2
— Juhi Doshi (@juhidoshi_) November 18, 2026
¿Quiénes podrían cancelar sus órdenes de deportación tras diez años?
La legislación establecería un plazo de vigencia de diez años para determinadas órdenes finales de expulsión. Para acceder a ese beneficio, los interesados tendrían que demostrar que permanecieron continuamente en territorio estadounidense y que no recibieron condenas por delitos. Actualmente, una orden definitiva puede continuar vigente durante años, incluso cuando las autoridades deciden aplazar su ejecución por circunstancias administrativas, humanitarias o judiciales.
El texto contempla una excepción que permitiría a los jueces de inmigración renovar ciertas órdenes vencidas. Para hacerlo, las autoridades tendrían que presentar pruebas claras y convincentes de que existieron motivos importantes para retrasar la deportación, ajenos a dificultades presupuestarias o administrativas. También deberían justificar que la renovación responde al interés público y se apoya en nuevos elementos del expediente.
Otra disposición abriría la posibilidad de solicitar la residencia permanente a quienes cumplan las condiciones establecidas. Sin embargo, la eliminación de una orden de expulsión no otorgaría automáticamente una tarjeta de residencia. Los solicitantes tendrían que satisfacer los requisitos legales correspondientes. La propuesta tampoco constituye una amnistía general para todos los inmigrantes indocumentados que llevan más de una década viviendo en Estados Unidos.
¿Cómo podría beneficiar la propuesta a los inmigrantes cubanos?
La iniciativa podría resultar relevante para ciudadanos cubanos sujetos a órdenes definitivas de deportación, incluidos algunos que permanecen bajo supervisión migratoria mediante el formulario I-220B. No obstante, poseer ese documento no garantizaría el beneficio. Cada persona tendría que demostrar que cumple las condiciones de permanencia, antecedentes penales y antigüedad de la decisión judicial exigidas por la eventual legislación.
La situación es diferente para quienes únicamente poseen un I-220A. Este formulario acredita una liberación bajo determinadas condiciones, pero no constituye por sí mismo una orden final de deportación. Por tanto, sus titulares no quedarían incluidos automáticamente. La propuesta tampoco modifica los requisitos de admisión o parole establecidos por la Ley de Ajuste Cubano para obtener la residencia mediante ese procedimiento especial.
El proyecto surgió a raíz del caso de Harjit Kaur, una inmigrante india de 73 años que había vivido más de tres décadas en California. En septiembre de 2025, las autoridades estadounidenses la detuvieron durante una cita rutinaria de supervisión y posteriormente la deportaron a India. Su orden de expulsión databa de 2005, aunque había mantenido contacto con las autoridades migratorias durante años.
Según el comunicado oficial de la congresista Lateefah Simon, publicado el 19 de noviembre, aproximadamente 1,19 millones de personas viven en Estados Unidos con órdenes finales de deportación. Sin embargo, esa cifra no representa la cantidad de posibles beneficiarios del proyecto Protect Our Neighbors Act, ya que no existe una estimación oficial de cuántos inmigrantes cumplirían los requisitos propuestos ni cuántos serían ciudadanos cubanos.
La iniciativa deberá superar el proceso legislativo en el Congreso y recibir la firma presidencial para convertirse en ley. Aunque los demócratas asumirán el control de ambas cámaras en enero de 2027, su presentación no garantiza la aprobación. Mientras tanto, las órdenes definitivas de deportación continúan vigentes y pueden ser ejecutadas conforme a la legislación actual. La propuesta tampoco suspende las operaciones de ICE ni concede protección migratoria inmediata.