Alejandro Gil condenado a cadena perpetua tras un juicio lleno de dudas

El exministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Supremo Popular (TSP) el lunes 8 de diciembre de 2025, en un juicio marcado por la controversia y la falta de transparencia.

La sentencia fue notificada a través de los canales oficiales del régimen, quienes la presentaron como un “acto de justicia ejemplarizante”. Sin embargo, la sociedad cubana ha cuestionado este proceso por su carácter opaco y, sobre todo, por la evidente implicación política que conlleva.

El hecho de que esto haya ocurrido en medio de una profunda crisis en Cuba ha alimentado las sospechas de que el proceso judicial podría formar parte de una purga interna o una estrategia de chivos expiatorios dentro del aparato gubernamental.

Gil, quien fue una de las figuras más visibles del régimen y defensor de la “Tarea Ordenamiento”, fue arrestado en 2024, justo en el contexto de las crisis económicas que afectaron al país.

Los detalles del juicio y los cargos imputados

La condena de Gil se deriva de dos causas penales que fueron juzgadas entre el 11 y el 29 de noviembre de 2025.

En el primer caso, el exministro fue declarado culpable de varios delitos, entre los que se incluyen espionaje, cohecho, sustracción de documentos oficiales, violación de sellos oficiales y la filtración de información clasificada.

De igual manera, se le imputaron “actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación”, cargos que el régimen utiliza frecuentemente para encuadrar conductas consideradas políticamente sensibles.

Por este primer proceso, Gil recibió una condena de privación de libertad perpetua, la cual, según el Código Penal cubano de 2022, sustituye efectivamente la pena de muerte.

En el segundo proceso, fue condenado por cohecho continuado, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, lo que resultó en una pena adicional de 20 años de prisión.

Un proceso judicial sin evidencias públicas

El TSP justificó las sanciones al señalar que Gil actuó de manera “corrupta y simuladora”, recibiendo dinero de firmas extranjeras y manipulando a otros funcionarios para adquirir bienes. Además, se le acusó de poner información clasificada “a disposición de los servicios del enemigo”, una acusación que históricamente ha sido utilizada en Cuba para enmarcar delitos políticos.

Pese a la magnitud de los cargos, no se han presentado evidencias públicas que respalden las acusaciones.

El juicio se desarrolló bajo un control político estricto, sin acceso independiente a la información judicial, lo que ha dificultado la verificación de la versión oficial. Esto ha generado un clima de desconfianza en la sociedad, que cuestiona la legitimidad de la sentencia.

Aunque la sentencia ha sido dictada, tanto Gil como la Fiscalía tienen un plazo de diez días para presentar los recursos previstos por la ley. De igual manera, el Tribunal debe realizar una revisión obligatoria de la sentencia como garantía procesal.