Alejandro Gil tendría un segundo juicio secreto, el régimen busca cadena perpetua

El exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, podría enfrentar una condena de cadena perpetua y otros 30 años de prisión en un segundo juicio que el régimen cubano está preparando en completo secretismo, según reveló su hermana, María Victoria Gil, en una entrevista con el medio Martí Noticias.

De acuerdo con estas declaraciones, la familia del exfuncionario, que aún no tiene acceso al expediente oficial, ha podido conocer detalles del caso a través de fuentes no oficiales.

María Victoria Gil señaló que, según la información que ha recibido, la petición fiscal incluye la cadena perpetua por un presunto delito de espionaje y hasta tres décadas de prisión por delitos económicos, que supuestamente ocurrieron durante su etapa como gerente de la empresa de seguros marítimos Caudal, en el Reino Unido.

También explicó que dicha acusación se centra en un contraste entre el nivel de vida de Gil en el extranjero y la grave crisis económica de Cuba, algo que, curiosamente, se repite con todos los funcionarios del régimen.

Un proceso judicial sin detalles

El juicio de Gil, que según María Victoria podría celebrarse en los próximos días, se mantiene en un hermetismo total. La familia no ha recibido ninguna notificación oficial ni acceso a los documentos del expediente, y las autoridades cubanas no han emitido declaraciones al respecto.

La falta de transparencia y la falta de acceso a la defensa familiar han creado un ambiente de gran incertidumbre sobre el desarrollo del juicio.

“Este es un proceso cerrado, como el juicio por espionaje que se celebró recientemente. Hay demasiados altos funcionarios involucrados y demasiada información sensible para que se permita la presencia de observadores”, explicó.

A pesar de las evidentes irregularidades, la familia teme que el juicio siga la misma línea de opacidad y represión de otros casos políticos en Cuba.

Posibles testigos claves y presiones familiares

En la entrevista también se mencionó que la familia sospecha que, durante el “juicio”, podrían testificar figuras de alto perfil como el primer ministro, Manuel Marrero, o incluso el designado presidente Miguel Díaz-Canel, dada la implicación de funcionarios de alto nivel en el caso.

La situación para la familia de Gil sigue siendo tensa, ya que sus viviendas fueron registradas sin previo aviso y varios dispositivos electrónicos fueron confiscados por las autoridades.

A pesar de la liberación de su esposa después de pasar cuatro meses detenida en una casa de visita, la familia continúa enfrentando presiones constantes, como el seguimiento de su sobrina por parte de un coche que la vigila en todo momento.

Este segundo juicio se presenta en medio de una grave crisis nacional, con apagones interminables, inflación descontrolada y un descontento social creciente. En ese sentido, la familia de Gil considera que el proceso judicial no es más que una maniobra política del régimen para desviar la atención de las verdaderas responsabilidades del colapso económico y social, que afecta a toda la Isla.

María Victoria Gil considera que la sentencia ya está decidida por las autoridades, y que el juicio no tiene otro objetivo más que señalar a un chivo expiatorio del fracaso colectivo de la dictadura.