ESTADOS UNIDOS

Alertan por proyecto de Ley para quitar pasaportes a ciudadanos de EEUU

La iniciativa permitiría a Marco Rubio decidir si estadounidenses podrían perder o no acceder al documento por sus ideales, incluso sin antecedentes penales

Un proyecto legislativo atribuido al congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, busca entregar al secretario de Estado, Marco Rubio, la potestad de negar o retirar pasaportes a ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con un informe publicado por The Intercept.

La propuesta se presentaría esta semana en el Congreso como parte de un paquete de reorganización del Departamento de Estado.

Organizaciones de derechos civiles, entre ellas la ACLU y la Freedom of the Press Foundation, cuestionan el alcance del plan y advierten que su redacción ambigua podría abrir la puerta a usos discrecionales que afecten derechos amparados por la Primera Enmienda, incluida la libertad de expresión.

De acuerdo con el citado medio, el texto contempla que un pasaporte pueda ser revocado o denegado a quienes sean acusados de proporcionar “apoyo material” a organizaciones catalogadas como terroristas por el Departamento de Estado, incluso sin sentencia judicial.

Esa atribución recaería directamente en el secretario de Estado, sin necesidad de intervención de un tribunal ni de presentar pruebas formales.

El reporte agrega que esta iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por Rubio desde que asumió el cargo, entre ellas la cancelación de visas a extranjeros que han emitido críticas contra Israel.

Un ejemplo señalado es el de la estudiante turca Rümeysa Öztürk, a quien se le retiró la visa después de publicar un artículo de opinión en un medio universitario.

Seth Stern, director de la Freedom of the Press Foundation, alertó que la medida podría transformarse en una “policía del pensamiento” concentrada en un solo funcionario, lo que representaría una amenaza seria para periodistas, activistas y opositores de la política exterior de EEUU.

La ACLU coincidió en sus objeciones, al advertir que se permitiría sancionar a individuos sin que exista un delito comprobado o una condena judicial.

El borrador contempla la posibilidad de apelación dentro de un plazo de 60 días, aunque el recurso estaría limitado al propio secretario de Estado, lo que expertos legales consideran insuficiente al carecer de garantías procesales mínimas.

Por ahora, no se ha encontrado ningún registro oficial de la propuesta en portales legislativos de EEUU como Congress.gov, ni en la web del representante Mast o en las secciones de “legislación patrocinada” de su sitio mast.house.gov.

Una revisión exhaustiva de Congress.gov tampoco muestra iniciativas vinculadas a la revocación de pasaportes por motivos de opinión política.

El citado medio remarca que, hasta el momento, es la única fuente que ha difundido la existencia de esta propuesta. Su historial incluye investigaciones relevantes y filtraciones como las primeras revelaciones de Edward Snowden sobre los programas de vigilancia de la NSA.

 

 

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